Managing director Winnipeg Capital
Para permitir que más jóvenes tengan herramientas para ser más empleables, deberíamos estar discutiendo la reforma educativa 2.0 y hasta 3.0 y no sólo a preservar lo poco avanzado.
El mundo avanza vertiginosamente hacia modelos educativos distintos, con tendencias en tecnología que van mucho más allá de las clases virtuales. Hoy estamos viendo herramientas que ayudan a estudiantes, administradores y profesores para mejorar la oferta educativa a través de juegos y evaluaciones continuas que permiten personalizar cada vez más la educación. Somos testigos también de una revolución en temas de certificación y acreditación de habilidades, que va a permitir que los jóvenes puedan empezar a generar ingresos sin perder tanto tiempo en su educación formal o que los mayores puedan cambiar de carreras con menos fricciones. Las comunidades y redes sociales, además, nos permiten hoy aprender de y con personas en cualquier lugar del mundo y donde los profesores son cada vez más facilitadores del proceso de aprendizaje en vez de ser la fuente única de conocimiento.
Sin embargo, en vez de estar discutiendo las políticas públicas e iniciativas privadas existentes que van camino hacia esas nuevas formas de aprendizaje estamos abocados en una lucha política por preservar la reforma educativa primitiva (reforma 1.0). Hoy hay ataques concretos a la carrera pública magisterial y el licenciamiento de las universidades privadas. Ambas reformas son iniciales y claramente insuficientes si es que queremos acelerar nuestra salida de la pobreza y darle más oportunidades a niños, jóvenes y adultos a mejorar su calidad de vida. Es decir, estamos estancados defendiendo un statu quo claramente insuficiente.
Para aumentar nuestra competitividad como país y permitir que más jóvenes y adultos tengan las herramientas para ser empleables o generarse sus propios ingresos como profesionales independientes o como emprendedores deberíamos estar discutiendo la reforma 2.0 y hasta 3.0, pero nuestros esfuerzos están orientados a preservar lo poco que se puede haber avanzado.
Es más, la tecnología nos permitiría incluso saltarnos pasos y ser más ambiciosos en nuestras mejoras, tal como sucedió con la telefonía móvil. Se podría para ello replicar lo que ha hecho la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a través de un “sandbox” regulatorio en el sector financiero que permite que empresas Fintech exploren otros modelos de negocios sin estar sujetos a las estrictas regulaciones de su sector. Lo mismo podría pasar con empresas Edtech que, con criterios establecidos por la Sunedu, permitan innovar y crear soluciones urgentes para mejorar la enseñanza en el Perú. Todo ello podría suceder con el apoyo de un Ministerio de Educación (Minedu) cuyas políticas públicas se centren alrededor de los estudiantes y con la participación de administradores y profesores de colegios e universidades públicas y privadas (competentes).
Luchamos contra intereses empresariales (algunos de origen dudoso), contra movimientos laborales interesados y politizados y contra líderes educativos cuyo interés es preservar su espacio de poder, además de políticos que obedecen a alguno de esos grupos de poder. Los que no están en la mesa son justamente los potenciales beneficiados de una política con visión, con principios y capacidad de ejecución. A ellos nos debemos, a ellos hay que defender.