Presidente de Apeseg
Después de tiempo volvemos a tener una discusión con proyectos de ley en la mesa sobre cómo reformar nuestro sistema de pensiones.
En todos los países, esta es una discusión que debería empezar por entender cómo los viejos están financiando su vejez. Porque, a pesar de que se pueden hablar de muchos detalles de la reforma, lo central que debería guiar el debate y la redacción de la ley es que las pensiones sirven para dar certeza al financiamiento de nuestra vejez.
En Perú, las personas de la tercera edad en su mayoría no tienen un flujo cierto de por vida (conocido en el mundo como una renta vitalicia). Los pobres tienen en su mayoría acceso al programa Pensión 65 y al Seguro Integral de Salud. Este combo, al estar dirigido a los estratos de más bajos ingresos y al ser un programa social financiado por los impuestos generales y no por aportes individuales, está diseñado como un piso antipobreza y siempre será insuficiente. Estas personas, mientras el cuerpo lo permite, trabajarán hasta fallecer. Suena crudo pero la realidad de estas personas no es color de rosa.
Los no pobres que no cotizaron con frecuencia a alguno de los sistemas tendrán acceso muy limitado a fondos en su vejez y en muchos casos no tendrán acceso a ningún financiamiento para atención de salud. Estas personas, que pueden tener algo de ayuda solidaria de sus familiares, suelen extender su vida laboral mucho más allá de la edad legal de jubilación.
Los no pobres que cotizaron con frecuencia son una pequeña minoría en nuestro mercado laboral, ellos podrán tener fondos suficientes al momento de jubilación y tendrán acceso a EsSalud para su provisión de atenciones de salud. Solo una minoría dentro de esta minoría podrá, además, sumar un seguro privado de salud para mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones de salud.
La discusión de la reforma de pensiones no puede ocultar debajo de la alfombra el error garrafal que se cometió hace ya casi 10 años cuando se permitió que las personas al jubilarse retiren sus fondos de una vez y se perdiera por completo la garantía de financiar la vejez hasta el fallecimiento. En ese momento, cuando el país tenía amplios recursos fiscales para hacer una reforma que permitiera dar pensiones universales, el Congreso prefirió optar por lo más fácil: romper la piñata en lugar de asegurar el financiamiento de la vejez, ampliando las fuentes de ahorro para la vejez.
Por ello, a nuestro juicio, hay dos elementos que no pueden faltar en la reforma: (1) garantías universales de pensión mínima escalonadas que premien el esfuerzo individual de ahorro de los trabajadores; y, (2) una modificación de la “ley 95.5%” que al menos obligue a los que se jubilen a asegurar el financiamiento de su vejez llevándose una renta vitalicia que, mínimo, debería ser de dos RMV; si dicho trabajador tuviese fondos que le permitan una pensión de jubilación mayor, entonces recién ahí podría llevarse el excedente si lo prefiere. La definición de estos pisos mínimos de pensión debe estar a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, porque no se puede ofrecer el cielo sin tomar en cuenta las consecuencias fiscales de esas promesas.
Estos son los cambios fundamentales que no pueden faltar. Los demás temas son realmente accesorios. Si tuviese que agregar un tercero que haga sentido es que se requiere una profunda simplificación en la manera en que el sistema de pensiones recibe aportes, porque no se puede legislar olvidándose que solo una minoría (20%) de los trabajadores recibe cada mes una remuneración de su empleador. Los demás viven muy lejos de esa realidad. Se necesita combinar flexibilidad en la forma en que se aporta (no tiene que ser un x% de mi remuneración) con mayores incentivos para hacerlo. Al Estado, es decir, a los contribuyentes, nos saldrá más barato dar estos incentivos que sumar más personas a la planilla de Pensión 65. Y ya que están en eso, sería bueno evitar que el fondo de pensiones corra la misma suerte que la CTS, una sombrilla de protección mil veces agujereada que ya no sirve su propósito inicial.
El éxito de la reforma, el cual solo podrá ser visto en algunas décadas, debería ser medido por cuántos más peruanos tendrán un flujo cierto de dinero para toda su vejez, el cual no dependerá de si sus hijos se acordaron de ser solidarios con sus padres, o de si el inquilino de su inmueble les paga con puntualidad la renta o no.
Hago un llamado a los congresistas y al Poder Ejecutivo a entender cuál es la tarea pendiente. El foco de la reforma debe estar en ese 70% de trabajadores que no ahorran suficiente dinero para su vejez. El verdadero éxito de la reforma será lograr que más peruanos puedan tener una pensión de jubilación, como ocurre en cualquier país OCDE, sin que ello comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas, o hacer aún más cara la formalidad. Los reformadores deben ser conscientes no sólo de los cambios positivos que trae al problema que pretende resolver, sino también debe diseñarse minimizando los problemas que pueda generar en otros aspectos.
