NUEVA LEY. Las micro y pequeñas empresas (mypes) ya cuentan con nuevo marco normativo; engorroso y burocrático como el previo. El Congreso aprobó por insistencia la Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa (“Ley Mype”), de modo que su presidente, Eduardo Salhuana, la promulgó el pasado 23 de mayo. Una nota de prensa del Congreso señala que se aceptaron “algunas de las observaciones” del Poder Ejecutivo, pero no especifica cuántas ni cuáles.
Ese nivel de imprecisión también se observa en la propia ley, que no aclara si el plazo para que el Ejecutivo apruebe su reglamento es de 70 días hábiles o calendario. La norma entrará en vigor cuando su reglamento salga a la luz. Es que además de aprobar sus leyes al caballazo, sin debate ni consultas a especialistas –en muchos casos, ni toman en cuenta las opiniones de los mismos ministerios–, los congresistas suelen complicar lo que necesita desenredarse, sobre todo cuando se trata de leyes de índole económica.
La nueva Ley Mype –deroga la anterior, promulgada por el Gobierno de Alejandro Toledo– incorpora novedades como la creación de un “Sistema de Pensiones Sociales”, facultativo para trabajadores mayores de 40 años de edad, cuyo aporte mensual tendrá un máximo de 4% de la remuneración mínima vital (RMV). En otras palabras, el Congreso ha dispuesto un nuevo régimen de pensiones con aporte individual mucho menor que el vigente para el sistema privado de pensiones (SPP). Lo irónico es que el afiliado podrá elegir que sus aportes sean administrados por el SPP, o por la ONP. Por cierto, la Ley Mype ignora por completo los cambios que contiene la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que este mismo Congreso aprobó.
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También figura un régimen especial laboral, cuya vigencia caducará si aumentan las ventas. Lo que la Ley Mype no prevé, como tampoco lo hacen otras normas para el sector, es que para seguir gozando de esta clase de beneficios, hay negocios que se escinden, es decir, se sigue promoviendo el enanismo empresarial. Además de la inclusión de medidas “educativas” para que los emprendedores se formalicen –pese a que la orientación y la capacitación ya existen–, se dispone la participación de los gobiernos regionales y locales en dichas tareas. Lo inquietante es que estos niveles de gobierno son los que más lastran la formalización de las mypes, con sus prolongados trámites y costosas tarifas. Dado que el complejo de Adán (o de Eva) reina en el Congreso, ya hay otra iniciativa que busca exonerar del Impuesto a la Renta a las nuevas mypes.
