BLINDAJE. El martes la Comisión de Constitución del Congreso aprobó para su discusión en el Pleno un proyecto de ley que plantea el regreso de la inmunidad parlamentaria, que había sido eliminada en el 2021. La propuesta ha generado polémica por varias razones, tanto por sus problemas de fondo, como por el momento en el que ha sido planteada.
Actualmente los congresistas ya gozan de un blindaje ante cualquier acusación que alguien quiera hacerse contra ellos por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de funciones. Este es el derecho de antejuicio, del que gozan tanto los congresistas como el resto de altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución. Así, si hoy alguien acusase a un congresista de cometer algún delito vinculado con su cargo, gracias al beneficio de antejuicio la Fiscalía no podría procesar a ese parlamentario ante el Poder Judicial, sin que antes el Congreso no haya levantado este blindaje.
Lo que un grupo de congresistas ahora pretende restaurar, en cambio, es un tipo de protección adicional, que blindaría a los congresistas frente a acusaciones por delitos comunes, no vinculados con su función. Es decir, lo que se busca es que, como ocurría hasta antes del 2021, los congresistas no puedan ser arrestados ni procesados por delitos comunes que hayan cometido desde que asumieron el cargo y hasta un mes después de dejarlo. Delitos como el asesinato, el robo, la estafa, la violación, la minería ilegal y varios más caerían bajo el paraguas de esta protección.
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En una aparente muestra de su falta de comprensión sobre la materia que buscan regular, durante la sesión de la Comisión de Constitución, algunos congresistas parecieron confundir el antejuicio con la inmunidad. “Solo será la inmunidad para delitos de función”, dijo por ejemplo Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, pese a que la inmunidad para delitos de función ya existe y se llama antejuicio. El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, también pareció caer en el mismo error. Pese a todo, la propuesta recibió finalmente 14 votos a favor, apenas 3 en contra y 5 abstenciones. Aunque por tratarse de una propuesta de reforma constitucional, para que sea aprobada de forma definitiva tendrán que haber votaciones favorables en dos legislaturas sucesivas.
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Una última advertencia relevante es que, como ha advertido el constitucionalista Samuel Abad que, si bien en principio no se protegerían los delitos cometidos antes de asumir el cargo, la actual redacción de la propuesta sí permitiría interpretar que esos delitos también se protejan. Con ello, se trataría del regreso a una impunidad total.
En un contexto como el que enfrentamos, los congresistas deberían preocuparse más por legislar pensando en los principales problemas del país. Y menos en cómo estar más protegidos ellos mismos.
