El MEF publicó el miércoles pasado el Reglamento de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069). Lo hizo con un mes de retraso, lo que podría ser considerado un avance, conociendo la propensión a la procrastinación que caracteriza al Ejecutivo (actual y todos los anteriores) cuando se trata de reglamentar leyes, entre otras obligaciones como ejecutar inversión pública. Uno de los puntos saltantes de la norma es el principio de “valor por dinero”, que el reglamento buscará promover desde que entre en vigor, dentro de tres meses.
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Este principio permitirá a las entidades públicas, incluyendo ministerios y sus agencias, además de gobiernos regionales y locales, convocar licitaciones en las que la buena pro no se adjudicará al postor que ofrezca el menor monto, sino al que asegure las mejores condiciones de calidad de la obra, bien o servicios requeridos. Por ejemplo, habrá que esperar que las licitaciones de vías urbanas o carreteras evalúen criterios que eviten su rápido deterioro, como ocurre hasta ahora, porque el ganador de la buena pro, al ofrecer el menor precio, suele descartar insumos que elevan sus costos, tales como materiales (aditivos) protectores contra factores climáticos específicos de cada zona. Y al tener un corto periodo en buen estado, se tienen que volver a licitar. Es decir, lo barato resulta saliendo caro.
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Habrá otros cambios importantes. Según un análisis que la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP hizo al proyecto del reglamento, la aplicación del principio de valor por dinero eliminará el paradigma del “valor referencial” y los reemplazará por el de “cuantía de la contratación”. Asimismo, significará un cambio en la programación y certificación del presupuesto público, además que es una metodología que combina óptimamente los costos a largo plazo y la calidad de los bienes y servicios contratados. Habría que agregar que podría reducir la corrupción.
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También se reglamentan nuevos procedimientos de selección y ejecución contractual (compras públicas de innovación y un marco específico ante emergencia). Todo esto suena muy bien, pero el principal escollo es la implementación. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) capacitará a los funcionarios encargados de ejecutar la ley y su reglamento. Pero lo mismo se anunció en ocasiones anteriores, pues esta ley es una de las que más modificaciones ha tenido –incluso tuvo dos agregados bajo la Ley de Endeudamiento Público para el 2025–. Así que habrá que ver para creer.
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