Este proceso electoral se ha visto opacado por un proveedor (Servicios Generales Galaga), generando que 52,261 peruanos no pudieran ejercer su derecho al voto por una falla que era, en gran medida, previsible.
Desde el viernes último se identificaron fallas en Servicios Generales Galaga. En su planilla la empresa solo tenía 13 trabajadores para atender la distribución del material electoral en Lima Sur.
La contratación de un proveedor previamente sancionado por la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por incumplimientos ya encendía una alerta. No era un detalle menor. Y, sin embargo, la revisión de su capacidad operativa —clave para sostener la cadena logística electoral— no fue lo suficientemente rigurosa.
Las señales estaban ahí. Desde el viernes 10 de abril la Contraloría había advertido inconsistencias claras del proveedor, dado que no contaba con suficientes unidades para cumplir con el abastecimiento. A ello se sumaba un elemento aún más grave: parte de las unidades utilizadas eran aparentemente subcontratadas, incluso con logos de locales municipales, lo que comprometía la integridad del proceso.
Los datos eran evidentes. La empresa registraba apenas 15 trabajadores en planilla ante la Sunat. Resulta legítimo preguntarse cómo una compañía con esa estructura podía asumir la logística de más de 70 centros de votación, solo en San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, sin contar, además, con la flota necesaria desde el inicio.
Los problemas no solo eran teóricos. El sábado previo a la jornada electoral ya se habían realizado pruebas de traslado de material hacia la Universidad Nacional Federico Villarreal y el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Los resultados fueron alarmantes, entregas previstas para las 10 de la noche se concretaron recién a las 3 de la madrugada del día siguiente. La pregunta es inevitable, ¿por qué no se activaron medidas correctivas a tiempo?
Aquí no estamos ante un simple error operativo. La responsabilidad de la ONPE radica en no haber previsto controles adecuados ni contar con protocolos de contingencia frente a un servicio crítico. Más aún cuando se trataba de un proveedor con antecedentes y que, días antes, buscaba camiones en redes sociales para cumplir con el servicio.
Lo ocurrido debería encender una alerta mayor. Cuando falla la logística electoral, no falla únicamente un proveedor, se erosiona la confianza en el sistema. Y sin confianza, incluso el acto más básico de la democracia —votar— pierde su sentido.
¿Este mismo proceso tendremos para la segunda vuelta? ¿Se debe insistir con un proveedor sancionado? ¿Qué pasa con las evidencias más básicas de no identificar las fallas en las contrataciones?
