A lo largo de las últimas tres décadas, se aprobó y aplicó legislación orientada a impulsar el turismo, que resultó seriamente dañado por el terrorismo y la debacle económica de los años 80. Esa legislación fue principalmente promotora. Pero esa orientación, a pesar que ha dado resultados, ahora ha sido cambiada por una ley que pretende, básicamente, crear productos turísticos por decreto (y con generosos beneficios tributarios).
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El proyecto de la nueva Ley General de Turismo fue aprobado, en segunda votación, por el pleno del Congreso el 4 de junio, y ahora está en manos de la presidenta Dina Boluarte convertir en ley la autógrafa respectiva. A juzgar por la entusiasta reacción de la titular del Mincetur, Desilú León, habría que esperar que así será, aunque quizás en estos días haya podido empaparse del asunto y entrar en razón.
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Además de exoneración al Impuesto a la Renta y recuperación anticipada del IGV para las novedosas zonas especiales de desarrollo turístico (ZEDT) –cuya creación recaerá en los gobiernos regionales, en áreas con “alto potencial turístico”–, la autógrafa establece infinidad de comités y comisiones, tanto a nivel nacional como regional, lo que generaría superposición de funciones. También crea la Red de Protección al Turista, que no dependerá del Mininter sino del Mincetur. Por cierto, a este ministerio se le están encargando responsabilidades que el sentido común atribuiría a otras entidades, en esta y otras rocambolescas normas (Gestión 11/06/2025).
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Además, la autógrafa crea entidades que ya existen, como la Red de Oficinas de Información Turística, en los gobiernos regionales y locales, con la asistencia técnica de Promperú. Ese servicio, hasta ahora llamado iPerú (información y asistencia al turista) está activo desde hace más de dos décadas y está a cargo de Promperú –en coordinación con los municipios de las ciudades donde tiene oficinas–. Al parecer, se estaría buscando restarle presencia a dicha agencia, como también ocurre con un proyecto de ley, aprobado en primera votación en abril, que reduce de 70% a 50% los fondos asignados a Promperú por el impuesto que grava los ingresos al país por vía aérea.
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Insistimos en que la condición básica para que un atractivo se convierta en producto turístico es la existencia de infraestructura (transporte, comunicaciones, salud, seguridad). Lima era un lugar de paso, pero hoy es destino gastronómico de primer nivel. Es que ya contaba con lo esencial, lo que posibilitó emprender una adecuada promoción. Y no hizo falta ninguna ley ni ordenanza que la declare ZEDT.
