Recientemente supimos que el expresidente Pedro Castillo, tristemente recordado por intentar hacer un golpe de Estado, ser capturado el mismo día y hoy enfrentar un proceso penal por estos hechos; podría estar por librarse de parte de las investigaciones en su contra gracias a una ley aprobada por este Congreso. Específicamente, debido a la norma que modificó la regulación del crimen organizado.
LEA TAMBIÉN: Trump 2.0: el impacto de las medidas del presidente de los EE.UU. en los mercados de capitales
Ocurre que, como ha pasado ya en varios otros casos con diversos investigados, el abogado de Castillo ha solicitado que se archiven sus acusaciones por colusión simple y tráfico de influencias. Ello pues, como se recuerda, las modificaciones del Congreso restringieron la definición de “organización criminal”, lo que en la práctica dejó fuera a varios tipos de delitos de las reglas especiales aplicables contra las organizaciones criminales. Y entre ellos, se encontrarían justamente los dos delitos antes mencionados.
LEA TAMBIÉN: ¿Adiós al dólar? El nuevo orden mundial y el futuro de las finanzas
No se trata ni de cerca de la primera norma aprobada por este Congreso que ha restado armas a los fiscales en beneficio de los investigados en asuntos bastante polémicos. Y en contra de la opinión de la mayoría de especialistas técnicos. De hecho, en diciembre, el Congreso aprobó otra norma que redujo los alcances de la extinción de dominio (figura que permite que el Estado pase a administrar bienes que se presumen de origen ilícito mientras dure el proceso), con la que estaría ocurriendo lo mismo.
LEA TAMBIÉN: ETF vs. Fondos mutuos: ¿Cual es la mejor opción para invertir?
Según ha advertido el coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, el juez supremo Manuel Luján Túpez, de entrar en vigencia esta nueva normativa, más cinco mil procesos se verían afectados. La mayoría de estos vinculados con casos de corrupción. Y según ha hecho saber la fiscal de la Nación, algunos de los casos directamente beneficiados incluirían investigaciones contra el clan Orellana, el camarada Artemio, Vladimir Cerrón, Alejandro Toledo y varios políticos más vinculados con el caso Lava Jato.
LEA TAMBIÉN: Expectativas, optimismo y realidad: los retos que persisten en 2025
Otra autoridad que se ha mostrado en contra de la extinción de dominio, al punto de presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre esta figura, es el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Pero considerando la forma en que fue nombrado y su cercanía previa con Vladimir Cerrón, el solo hecho de que Gutiérrez plantee una acción que beneficiaría directamente a su excliente debería bastar para que se prendan todas las alertas.
LEA TAMBIÉN: ¿Y si la inflación en el Perú sigue sorprendiendo a la baja?
Por si fuera poco, la extinción de dominio tampoco es el único otro ejemplo de norma que ha debilitado la lucha contra la delincuencia. También eliminaron la prisión preliminar para casos distintos a la flagrancia (luego se retractaron, pero igual hubo consecuencias), hicieron más complejos los allanamientos y debilitaron los alcances de la figura de la colaboración eficaz. ¿En favor de quién podemos concluir que están jugando?
Ciertamente, no parece que del lado de la ciudadanía.
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
