Riesgo. El MEF se ha opuesto al dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso que amplía los derechos laborales de servidores públicos del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). La generosa iniciativa incluye el otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, además de la CTS y otros beneficios. Todo eso, según el dictamen, sin generar demanda al tesoro público, porque las entidades estatales solo tendrán que realizar “modificaciones presupuestarias internas”. Pero el MEF, que sabe mucho más de manejo fiscal que el Congreso, precisa que el impacto estimado por las gratificaciones superaría los S/ 2,000 millones anuales.
El Congreso ha adquirido la mala costumbre de atribuirse iniciativa de gasto (aumentos salariales, nombramiento de empleados estatales sin concurso de méritos, etcétera). El Ejecutivo suele observar las respectivas autógrafas de ley pero el Congreso termina promulgándolas por insistencia –con la venia de una cuestionable interpretación del Tribunal Constitucional–. Pero la semana pasada, el propio Ejecutivo planteó una iniciativa legislativa que va en el mismo sentido de los despropósitos del Congreso.
En su presentación para solicitar el voto de confianza del Legislativo, el titular de la PCM, Eduardo Arana, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para ampliar los beneficios de los trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. El primer ministro se puso en “modo congresista” porque los argumentos que esgrimió no fueron técnicos. Por ejemplo, que los trabajadores de ese régimen son la fuerza laboral más antigua y que el Estado “no ha retribuido su esfuerzo y experiencia”. Arana no mencionó cuánto le costaría al tesoro público esa medida; ¿estará pensando en soluciones mágicas como las del “dictamen CAS”? De hecho, ignoró por completo el problema de desequilibrio fiscal que sufre la economía peruana.
La gran pregunta es si Arana consultó su anuncio con el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, pues si su despacho se opone al dictamen CAS, también tendría que estar en contra de la “iniciativa 276”. El primer régimen emplea a 370,000 personas y el segundo, a unas 263,000. Ni una palabra de una mejora sustancial en la calidad de los servicios que prestan.
Para colmo, la Comisión de Trabajo debate un proyecto de ley que busca reubicar a los empleados de los programas de inversión pública que serán extinguidos. Irán a otra entidad pública “para realizar funciones similares”. O sea que no habría reducción de planillas, uno de los objetivos originales de la propuesta.
