Ayer, con motivos que sonaban más bien a excusas, el ministro de Economía José Arista confirmó algo que adelantamos en Gestión por la mañana: Gerardo López dejaba de ser jefe de la Sunat y era reemplazado por Víctor Mejía.
López, cuya administración tuvo el mérito de sacar a la entidad del enclaustramiento en el que permanecía tanto a nivel público como mediático, duró siete meses en el cargo. Su posición ya había sido puesta en entredicho en septiembre, cuando hubo un amague de cambiarlo por un funcionario cercano al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Y aunque su reemplazo ahora no parece tener la carga política de la vez anterior, sigue levantando dudas sobre los móviles e intereses del Ejecutivo en un cargo tan relevante.
Sabemos que a estas alturas, lo que menos hay en las decisiones gubernamentales es contemplación y buen juicio; y más bien cada medida parece una brazada para mantenerse a flote. Sabemos también del empecinamiento del ministro Arista en llegar a la cada vez más inalcanzable meta del déficit fiscal para el cierre del año. Pero ya bien avanzado este 2024, cuando casi todo está consumado, es prácticamente imposible que la trayectoria del elusivo indicador pueda cambiar.
López había sido claro en su intención de ampliar la base tributaria, había avanzado con el Perfil de Cumplimiento Tributario y le tocaba empezar a implementar el IGV a los servicios digitales (una iniciativa de Arista). La recaudación no se puede gatillar en un plazo tan breve, como el de la gestión del saliente jefe de la Sunat. Todo hace pensar, nuevamente, en que hay otros intereses en el cambio.
Arista dijo ayer que en esta “nueva etapa” se busca continuar con la integración digital entre la Sunat y el Tribunal Fiscal (TF). Mejía se desempeña como vocal de una de las salas del TF. Pese a ello, no es una medida sensata. En el fondo, no vale la pena sacrificar la consolidación de estrategias por algo que más bien parece un asunto operativo.
El BCP ha advertido que el déficit fiscal anualizado, que a agosto alcanzó el 4% del PBI (cuatro meses consecutivos en ese nivel), es el mayor registrado desde el 2020, lo que evidencia un aumento del gasto público y una lenta recuperación de los ingresos fiscales, lo que complica el cumplimiento de la nueva regla fiscal. También que entre los factores que afectan el déficit fiscal están las iniciativas del Congreso y las contingencias fiscales relacionadas con Petroperú. Ante ambas cosas, el Ejecutivo pudo haber tomado medidas. Optó por no hacerlo. Así, es iluso pensar que todo ello pueda mejorar reemplazando al jefe de la Sunat.
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