Prácticamente desde la instalación del actual Congreso, la mayoría parlamentaria nos ha tenido, lamentablemente, acostumbrados ya a una agenda legislativa que ha solido estar lejos de las verdaderas prioridades nacionales. De hecho, en algunas ocasiones, incluso esta agenda ha ido directamente en contra de esas prioridades. Es el caso, por ejemplo, de lo ocurrido con las modificaciones a las reglas penales contra el crimen organizado, que han sido ya muy criticadas por diversos especialistas, así como el de las normas que afectaron el sector educativo y las que han dado mayor espacio a la minería informal.
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En los últimos tiempos, sin embargo, nuestro Poder Legislativo ha llamado también la atención por otro problema: la demagogia. Y es que, ante lo que resulta un problema bastante real en nuestra sociedad –el exceso de las denominadas llamadas ‘spam’–, una reciente iniciativa legislativa ha planteado que esto se solucione creando un nuevo delito en el Código Penal: el “acoso telefónico automatizado”, que se sancionaría con entre uno y tres años de prisión. La pena podría aumentar a entre tres y cinco años si se emplean técnicas para ocultar la identidad del emisor.
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Según el proyecto, la responsabilidad penal también recaería sobre las empresas que utilicen estas prácticas –los call centers, las aseguradoras, etc.–. Asimismo, se prevé que un 50% de la multa impuesta a la empresa se entregue como reparación económica a la víctima.
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Sin dejar de reconocer que, ciertamente el exceso de llamadas spam puede en efecto ser un problema, ¿es realmente necesario que este asunto pretenda ser regulado desde el derecho penal? No solo considerando que nuestra Constitución indica que la regulación penal debería ser la última opción, sino que, tomando en cuenta los problemas que ya tiene nuestro sistema de justicia y penitenciario, ¿qué efecto real se piensa que una norma como esta podría tener?
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Es bastante común que los políticos impopulares busquen ganar puntos con la ciudadanía ofreciendo respuestas simples a problemas complejos, así estas no puedan generar ningún buen resultado práctico. Sobre todo cuando se trata de políticos impopulares o poco conocidos, y cuando está por llegar una nueva campaña electoral.
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Las llamadas spam son un problema que ya viene siendo enfrentado desde el ámbito administrativo, particularmente a través del Indecopi. Al menos por el momento, conforme a nuestro sistema jurídico y atendiendo a nuestras prioridades nacionales actuales, ese es el ámbito al que corresponden. No solo porque lo penal debería reservarse para materias excepcionales, sino porque nuestra actual regulación penal y penitenciaria ya amerita una reforma profunda.
Esperemos, pues, que una vez retorne la nueva legislatura, el Congreso cese de generar este tipo de spam legislativo. Y que se concentre, más bien, en trabajar por aprobar una agenda mínima de reformas y normas pendientes.
