El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado que este lunes presentará el primer paquete del llamado “shock regulatorio”, con el que busca reducir la carga burocrática y mejorar la eficiencia administrativa. Entre las medidas contempladas están la simplificación de requisitos, la eliminación de procedimientos innecesarios y cambios en los mecanismos de fiscalización en sectores clave. Este esfuerzo, para el cual el MEF se ha reunido con gremios empresariales, pretende aliviar trabas que han afectado la competitividad del país durante años y han impedido reducir la informalidad.
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Sin embargo, hay espacio para el escepticismo. No es la primera vez que se anuncian reformas para reducir barreras burocráticas, y la experiencia reciente demuestra que el avance ha sido más lento de lo esperado. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas en los últimos cinco años fueron impuestas por municipalidades provinciales o distritales. Además, en el 2024, el Indecopi eliminó 4,299 barreras a nivel nacional, 45% menos que en el 2019. Esta caída podría atribuirse a una reducción del 20% en el personal del Indecopi involucrado en la eliminación de estas barreras y a un recorte presupuestal del 16% en términos reales. Con menos recursos y personal, la lucha contra la burocracia se vuelve cuesta arriba. Es necesario fortalecer a esta entidad.
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Más allá de las dificultades institucionales, la evidencia respalda la necesidad de una reforma en este ámbito. Un estudio (2022) recogido por el BCR en su Reporte de Inflación evidencia que la eliminación de una barrera de entrada a nivel municipal aumenta la productividad total de factores (PTF) en 11% en las empresas afectadas, en comparación con aquellas ubicadas en municipios que no eliminaron dichas barreras. Además, aunque la reducción de tarifas excesivas no tuvo un efecto significativo en la PTF, sí mejoró los márgenes de ganancia de las empresas, lo que podría traducirse en mayor inversión y crecimiento en el mediano plazo.
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La expectativa está en que las medidas que anuncie el MEF sean realmente efectivas y sostenibles. Las acciones que dependen directamente del Gobierno nacional (ministerios y agencias adscritas) son las más realizables en el corto plazo. Sin embargo, el camino se complica cuando se requiere la coordinación con el Congreso o con otros ministerios. Representantes gremiales que han participado en reuniones indican que el propio MEF ha reconocido que en futuros paquetes regulatorios habrá medidas que requerirán diálogo con el Legislativo y otras entidades del Estado. En este escenario, la fragmentación política y la falta de consensos podrían ralentizar el proceso o incluso detenerlo por completo.
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El “shock regulatorio” es, en teoría, un paso en la dirección correcta. Pero para que realmente se traduzca en un entorno más competitivo y eficiente, se necesita no solo voluntad política, sino también recursos suficientes y una estrategia clara para sortear las barreras dentro del propio aparato estatal.
