El reciente ataque contra la minera Poderosa en Pataz, La Libertad, es un sangriento recordatorio de lo poco que se hace para combatir en serio la minería ilegal. Cinco personas murieron tras dos atentados ocurridos el 28 y 29 de marzo: primero, con la destrucción de una torre de alta tensión para cortar el suministro eléctrico; luego, con el asalto a un miniván que transportaba a 14 personas.
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Pataz ha estado bajo estado de emergencia por más de un año, con diez prórrogas consecutivas. Sin embargo, lejos de mejorar, la situación sigue deteriorándose. Desde la misma empresa minera han denunciado que la Policía Nacional no actúa con la firmeza necesaria. “En el último medio año, no ha habido ninguna interdicción contra las bocaminas y plantas ilegales”, ha señalado Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa. A pesar de los pedidos insistentes para que las fuerzas del orden ingresen a desalojar a los mineros ilegales, la respuesta ha sido prácticamente el silencio.
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El problema es estructural y la minería ilegal sigue operando con total impunidad. Existen al menos 25 zonas tomadas por mineros ilegales, y la falta de intervención estatal ha permitido que este negocio ilícito siga creciendo. Recordemos que, lejos de enfrentar el problema, incluso se han tomado medidas que lo agravan. En diciembre pasado, se decidió ampliar, en la práctica, la vigencia del Reinfo, un registro que, lejos de formalizar la actividad, ha sido utilizado como escudo por los mineros ilegales para seguir operando con impunidad.
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El Ejecutivo ha reaccionado tarde, pero al menos ha contemplado algunas medidas dentro del “shock desregulatorio”, con las que buscan frenar la minería ilegal. Se busca ampliar las facultades de la Sunat para controlar la comercialización de minerales y rastrear su origen. Además, hay acciones, actualmente en proceso, orientadas a perfeccionar la identificación de los compradores de insumos destinados a la minería (como explosivos, maquinaria y equipos). Esto requiere una ley para hacerla viable.
Así, la implementación de las medidas es un desafío, sobre todo por las acciones que requieren la aprobación del Congreso, que hasta ahora ha demostrado mayor interés en beneficiar a los ilegales que en combatirlos.
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Es positivo que el Gobierno, aunque tarde, tome cartas en el asunto, más allá de las declaratorias de emergencia. Pero la efectividad de estas acciones dependerá de la firmeza con la que se apliquen y de una adecuada articulación. Y de que el Parlamento no siga favoreciendo la impunidad. De lo contrario, los ataques como el ocurrido en Pataz seguirán ocurriendo, y con ellos, seguirán creciendo la violencia y la ilegalidad en el país.
