La reciente sentencia contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por el delito de lavado de activos representa, en el caso del primero, un nuevo golpe para la credibilidad de la más alta investidura del país. Según la justicia, ambos lavaron dinero no declarado proveniente del Gobierno de Hugo Chávez y de la constructora Odebrecht, y lo usaron para financiar sus campañas del 2006 y 2011. El expresidente fue detenido, mientras que Heredia solicitó, horas después, asilo diplomático en la embajada de Brasil.
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El caso, sin embargo, aún no está cerrado. La defensa de ambos ha anunciado que apelará el fallo, y queda un largo camino antes de que la condena sea firme. Aun así, lo ocurrido sienta un precedente importante para otros procesos por lavado de activos en curso, como los de Keiko Fujimori, Susana Villarán o Pedro Pablo Kuczynski, todos implicados en el caso Lava Jato.
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La solicitud de asilo de Heredia abre un nuevo frente. Si bien es un derecho reconocido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, este instrumento prohíbe otorgarlo a personas condenadas por delitos comunes, salvo que el país receptor considere que existe una persecución política. Esa será ahora la decisión que Brasil deberá tomar.
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No es un detalle menor que el presidente Lula da Silva haya atravesado un proceso judicial que él mismo consideró politizado. Ese antecedente podría influir en la evaluación del caso Heredia. Si Brasil concluye que hay motivaciones políticas detrás de su condena, podría concederle el asilo. De hacerlo, el Perú estará legalmente obligado a otorgar el salvoconducto correspondiente para que, si así se decide, viaje a territorio brasileño.
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Más allá de lo jurídico, la posibilidad de que Heredia evada su condena generaría tensiones innecesarias entre ambos países. Si bien no se espera una ruptura de relaciones diplomáticas, el tema podría escalar si no se maneja con la cautela debida. El Gobierno de Dina Boluarte, urgido de reconocimiento y estabilidad, no puede darse el lujo de abrir un nuevo frente de conflicto. Aunque todo es posible.
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Desde el retorno a la democracia, casi todos los expresidentes han enfrentado a la justicia por vínculos con Odebrecht. Que la ley alcance a quienes ocuparon el poder debe ser una señal de que aún es posible combatir la impunidad, pero también un recordatorio de la urgencia de una reforma política que, con medidas eficaces, permita construir un sistema que impida que casos como este –que erosionan la democracia– se repitan.
