La clausura temporal de Larcomar ha generado una controversia con varias aristas. No se trata de cualquier centro comercial: hablamos de un espacio anclado en el principal distrito turístico de Lima, que recibe a miles de visitantes al día y representa un nodo importante para el comercio formal y el empleo. Cualquier medida que lo afecte tiene impacto económico significativo. Sin embargo, ello no puede estar por encima de una evaluación honesta sobre su seguridad estructural.
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La Municipalidad de Miraflores ha justificado el cierre señalando la existencia de grietas en vigas y zonas de tránsito, socavamiento del acantilado y deficiencias en rutas de evacuación. El municipio sostiene que las fallas fueron detectadas tras inspecciones y que el reciente sismo solo agravó un escenario ya problemático. En consecuencia, revocó el certificado de seguridad (ITSE) y exigió su renovación luego de que se subsanen las observaciones.
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Larcomar, por su parte, afirma haber cumplido con los protocolos y estándares normativos, y sostiene que el cierre responde a una decisión arbitraria. Señala haber presentado informes técnicos recientes que descartan problemas estructurales. Ayer, en un comunicado de tono más conciliador, informó que ha iniciado una revisión conjunta con técnicos de ambas partes.
Ambas posiciones presentan argumentos atendibles. Pero hay un punto central: si las condiciones de Larcomar generaban dudas, estas debieron haberse atendido con mayor anticipación, y no de manera reactiva, como ahora se observa. En un país con alta sismicidad, la prevención no es optativa.
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Este caso, además, está atravesado por la figura del alcalde Carlos Canales, cuya gestión ha sido cuestionada por decisiones discrecionales en materia urbana y comercial. Esa trayectoria puede restar credibilidad a las medidas adoptadas por su administración. Sin embargo, las falencias de una autoridad no invalidan automáticamente sus acciones, sobre todo si están orientadas a resguardar la seguridad de las personas.
Es comprensible que el sector empresarial exprese preocupación por el impacto económico y reputacional de una clausura como esta. Pero también es necesario reconocer que las señales técnicas deben ser abordadas con rigor, no relativizadas en nombre de la inversión o el turismo, especialmente después del reciente sismo y de la tragedia ocurrida en el Real Plaza de Trujillo hace algunos meses.
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Más allá de Larcomar, este episodio plantea una tarea pendiente: revisar de forma sistemática la situación de centros comerciales y otras infraestructuras. La seguridad no puede depender de un comunicado posterior a un evento sísmico. Requiere acción anticipada, supervisión técnica constante y coordinación sin protagonismos.
