La SBS no puede intervenir si el esquema ofrece terrenos u otros activos fijos.
La SBS no puede intervenir si el esquema ofrece terrenos u otros activos fijos.
Redacción Gestión

La ha iniciado el 2025 con nuevos bríos en tres frentes: actualización de la regulación del riesgo cambiario crediticio (RCC), mejora de los servicios y detección de mayor variedad de esquemas fraudulentos que captan dinero del público. En el primer tema, la preocupación es la exposición de personas y empresas que perciben ingresos en pero tienen deudas en , cuyo pago se ve afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio. Esto genera moras y otros problemas que afectan el cumplimiento de los requisitos regulatorios de bancos y demás entidades supervisadas por la .

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La exposición de la cartera crediticia al RCC es menor del 10%, gracias a la desdolarización de la economía nacional –la dolarización del crédito bajó de 23.6% al cierre del 2023 a 22.8% al cierre del 2024–. Pero un movimiento brusco del precio del dólar, en medio de la incertidumbre que están causando las erráticas medidas del Gobierno estadounidense, afectaría a un número significativo de deudores peruanos. La nueva regulación estandariza la metodología para determinar el RCC y para alivio de los bancos, elimina el requerimiento de provisiones por este riesgo. Lo no tan positivo es que el reglamento recién entrará en vigencia en enero del 2026.

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Con respecto a la banca digital, la SBS ha modificado la regulación sobre continuidad del negocio financiero a fin de atenuar la incomodidad que causan en los usuarios las interrupciones de canales digitales –banca por internet, aplicativos para dispositivos móviles y billeteras digitales–. Lo interesante es que las entidades financieras tendrán que comunicar, oportunamente, a los usuarios los canales alternativos a través de los cuales puedan realizar sus operaciones, aparte que ya tendrán un plazo para restablecer el servicio (entre tres y cinco horas). Hasta habrá sanciones, cuando el caso lo amerite.

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Con relación a los esquemas no supervisados que captan dinero del público –es decir, lo hacen de manera ilegal–, la SBS ha detectado un creciente número de estafas piramidales en sectores como agricultura y ganadería, que usan las redes sociales para ofrecer altos rendimientos utilizando como “gancho” el boom agroexportador. En los últimos siete meses, la SBS clausuró tres, aunque esa medida no tendría mucho efecto: basta con que los estafadores constituyan una nueva empresa, o usen testaferros. Habría que enforcarse en las personas que fungen de accionistas. Además, hay vacíos legales. Por ejemplo, la SBS no puede intervenir si el esquema ofrece terrenos u otros activos fijos.

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