En pocas semanas, el caso Rutas de Lima se ha consolidado como una radiografía de la inseguridad jurídica que enfrenta la inversión en el país. Desde el 29 de octubre, cuando el Poder Judicial ordenó suspender el cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra, hasta ayer, cuando el alcalde Renzo Reggiardo anunció que la Municipalidad de Lima evalúa asumir la administración temporal de las vías, el proceso ha transitado por un laberinto de decisiones, apelaciones y comunicados que minan la confianza en el cumplimiento de los contratos.
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Rutas de Lima, que anunció el inicio de su proceso de liquidación, acató inicialmente la orden judicial, pero denunció un “despojo del 100% de sus ingresos” y calificó las medidas como arbitrarias. Días después, la concesionaria reanudó el cobro tras apelar la sentencia, alegando que la ley suspendía los efectos del fallo hasta que este fuese definitivo. La respuesta municipal no tardó: la MML anunció acciones legales y acusó a la empresa de desconocer la autoridad judicial. Pocos días más tarde, otro juzgado dispuso otra vez el cese inmediato del cobro.
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El resultado de esta cadena de decisiones es un clima de incertidumbre jurídica que trasciende el caso puntual. Si cada resolución puede revertirse de un día para otro, el mensaje para los inversionistas es claro: en el Perú, la seguridad contractual es relativa. Lo que preocupa no es solo la pugna entre una concesionaria y la Municipalidad de Lima, sino la señal institucional que deja un Estado que no logra respetar los mecanismos previstos en los contratos de concesión.
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La actitud del municipio capitalino, además, agrava el escenario. El alcalde Reggiardo celebró las resoluciones judiciales como “triunfos ciudadanos” y luego insinuó que la MML podría asumir la administración de las vías “sin cobro de peajes, al menos en el corto plazo”. Tal afirmación puede sonar popular, pero ignora un detalle básico: si la municipalidad asume la gestión, también debería asumir el mantenimiento, la seguridad y la operación de los tramos concesionados. ¿Con qué recursos, tomando en cuenta su endeudamiento excesivo? ¿A costa de qué servicios públicos? La sostenibilidad de una infraestructura no se garantiza con anuncios populistas, sino con gestión técnica y previsibilidad.
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El caso Rutas de Lima debe resolverse dentro de los límites que la ley establece. La defensa del interés público no se opone a la estabilidad jurídica; la complementa. Sin reglas claras, el país corre el riesgo de espantar inversiones en sectores vitales y de convertir cada conflicto contractual en un espectáculo político. Y eso, más que cualquier peaje, tiene un costo muy elevado para todos
