El riesgo de que el Perú pierda el grado de inversión es latente. Esto debido a que uno de los fundamentos macroeconómicos del país ha alcanzado un nivel de fragilidad que no se veía desde el primer Gobierno de Alan García (1985-1990). Se trata del control de déficit fiscal, que el régimen Castillo-Boluarte y el Congreso han convertido en un problema que se está volviendo estructural, con la venia del Tribunal Constitucional (TC) y la permisividad y pérdida de peso político del MEF.
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Las voces de alerta surgieron con los primeros indicios de desorden en el gasto público que obligaron al MEF a cambiar constantemente sus metas de déficit fiscal, pero hoy son más sonoras e incluyen al consenso de economistas independientes, incluida la gran mayoría de extitulares del MEF, así como entidades estatales que gozan de autonomía como el BCR y el Consejo Fiscal (CF). Y los argumentos que esgrimen son contundentes y sustentados con cifras oficiales, a diferencia de los análisis costo-beneficio que los congresistas incluyen en sus proyectos de ley dirigidos a elevar el gasto público, que causan vergüenza ajena por su desprolijidad.
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Según cita el CF, el rating soberano es un indicador de la calidad de los fundamentos económicos de un país y la percepción de su capacidad para honrar su deuda. Además, tiene influencia sobre el sector privado, ya que las calificaciones corporativas no suelen ser superiores a la de su país, de modo que impacta en las condiciones crediticias que enfrentan las empresas. El nivel de rating más alto es el “grado de inversión” y el Perú lo obtuvo a fines de la década del 2000 de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. La primera fue Fitch, en abril del 2008. Le siguió Standard & Poor’s (S&P), tres meses después. Moody’s tardó un poco más, hasta diciembre del 2009.
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En su Reporte de Inflación de junio, el BCR precisa que la “consolidación fiscal es fundamental para mantener el grado de inversión”, pues el Perú podrá mantener su acceso a condiciones favorables de endeudamiento externo. Esta sutil advertencia se debe a que la reducción que se prevé del déficit fiscal dependerá de limitar las presiones de gasto. El CF, por su parte, indica que los incumplimientos recurrentes de las metas fiscales “pueden deteriorar la calificación crediticia del país”. Entre los extitulares del MEF, Waldo Mendoza ha puntualizado la despreocupación de ese ministerio por la sostenibilidad fiscal y señala que, entre otros riesgos, el Perú podría perder su grado de inversión (Gestión 23/06/2025). Y no sería fácil recuperarlo.
