Ayer, durante la sesión del Consejo de Ministros, estaba previsto que el flamante ministro de Justicia y extitular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, presentara un informe sobre el “estado situacional de la reforma de la justicia en el país” (no se aludió a esto en la conferencia de prensa). Ello, apenas una semana después de anunciar que su designación respondía a la intención del Ejecutivo de lograr “una mayor agilidad en la reforma de la justicia” y acelerar también “la construcción de los penales”.
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La pregunta que surge de inmediato, sin embargo, es cómo podrá lograr algo de esto un funcionario que hizo un trabajo tan poco transparente y deficiente en el Ministerio del Interior, que terminó siendo censurado por una mayoría congresal que no es obstruccionista y que, en varios otros temas, se alinea con el Ejecutivo.
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Ante el cuestionamiento de la prensa sobre si este ministro de Justicia sería el más apropiado para liderar esta reforma, la congresista y exfiscal de la Nación Gladys Echaíz expresó que “la reforma no la encabeza un solo ministro”, sino que “es un trabajo conjunto que involucra leyes, estructuras y, sobre todo, recursos humanos”. Tiene razón, ¿pero qué legitimidad puede tener ante el país –y ante los ojos del mundo– un ministro tan cuestionado como para ser el encargado de ejecutar una reforma tan importante?
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Resultaría una contradicción evidente que alguien con múltiples denuncias penales, tan criticado por su pobre labor como funcionario y que suele responder a los cuestionamientos con insultos y etiquetas, en lugar de con argumentos, lidere al mismo tiempo la reforma urgente que requiere nuestro sistema de justicia. Peor aún si se trata de algo que se quiere aprobar de forma “acelerada”, tratándose de un asunto tan delicado. Y considerando, además, que uno de los mayores problemas actuales en este sector es la falta de seguridad jurídica, un fenómeno estrechamente vinculado con la lamentable politización de la justicia, que hemos visto acentuarse en los últimos años.
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La reforma judicial que requerimos pasa por generar procesos y decisiones más transparentes y menos influenciadas por la política. Lo que pretende Santiváñez –y buena parte del Congreso– es lo opuesto: que los políticos de turno (ellos mismos hoy, aunque ya no mañana) tengan más influencia en la elección y remoción de los jueces y fiscales que no les gustan. Lo que esa visión cortoplacista no considera, sin embargo, es que nadie sabe qué jueces y fiscales serán los desaprobados por los próximos gobiernos y congresos.
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Si lo que queremos es predictibilidad y mayor seguridad jurídica –algo que los inversionistas también requieren– no necesitamos una reforma judicial exprés, ni una que esté manchada por intereses políticos y funcionarios sin legitimidad, sino planes serios e institucionales para el largo plazo. Esa es la ruta.
