La crisis de inseguridad ha terminado por secuestrar al transporte público en Lima. Entre agosto del 2024 y octubre del 2025, 50 personas —entre conductores, pasajeros y cobradores— fueron asesinadas y 37 resultaron heridas en atentados vinculados a mafias del transporte, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Son cifras alarmantes: las pistas se han convertido en territorios de extorsión y violencia. Antes que cualquier rediseño institucional, es urgente recuperar la seguridad en las calles: sin ella, no existe posibilidad real de un sistema de transporte público funcional.
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Pero la inseguridad no puede convertirse en excusa para seguir postergando una reforma que el país parece haber abandonado. Lima está atrapada en un modelo que retrocedió, se estancó y terminó cediendo terreno nuevamente a la informalidad. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) tampoco ha logrado revertir ese deterioro. El tránsito vehicular es un caos que erosiona productividad, encarece la vida cotidiana y profundiza desigualdades. No hay ciudad competitiva que pueda sostenerse sobre un sistema de transporte colapsado.
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El problema se agrava con un Congreso capturado por intereses informales. En los últimos doce meses se ha intentado favorecer (aún más) a los colectiveros, amnistiar multas de todo tipo, devolver licencias suspendidas por infracciones gravísimas —como conducir en estado de ebriedad— e incluso eliminar la ATU para devolver la gestión del transporte a municipalidades que ya demostraron ser incapaces de ordenar la ciudad. Estos retrocesos normativos son incompatibles con una política pública seria. No sorprende, entonces, que el 2024 terminara con 86,757 accidentes de tránsito y 3,002 muertos en todo el país.
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En medio de este escenario, el Perú se encamina a una elección presidencial y congresal sin que los candidatos hayan formulado, hasta el momento, una propuesta de transporte mínimamente robusta. ¿Qué modelo plantean? ¿Cómo enfrentarán la informalidad? ¿Defenderán la ATU o se sumarán a quienes quieren desmantelarla? El silencio, hasta ahora, resulta elocuente. Más aún cuando existe la posibilidad real de que el próximo Congreso vuelva a ser cooptado por gremios que han hecho del caos su negocio. La ciudadanía debe saber que su voto puede definir si la reforma vuelve a respirar o muere definitivamente.
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Un posible punto de partida ya está sobre la mesa: el Plan de Movilidad Urbana 2025–2045, presentado en octubre. El PMU propone 90 kilómetros adicionales de líneas de metro, 515 kilómetros de vías segregadas, un Sistema Integrado de Transporte y hasta siete teleféricos. Es, al menos, una hoja de ruta que valdría la pena evaluar para reencauzar esfuerzos y darle a la reforma un nuevo aire.
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Sin embargo, ningún plan sobrevivirá si el país vuelve a elegir autoridades dispuestas a dinamitarlo. En manos de los electores está también impedir que el transporte siga siendo rehén de la informalidad, la improvisación y la violencia.
