En vista que el Congreso se ha autoasignado la prerrogativa de dictaminar aumentos en el gasto público de corto y largo plazo –la “iniciativa de gasto” que la Constitución le prohíbe pero que el Tribunal Constitucional interpretó de modo completamente opuesto–, no debería sorprender que su reforma del sistema de pensiones generará un enorme y permanente forado en el tesoro público. En concreto, los beneficios aprobados por los legisladores sumarán costos fiscales por S/ 4,657.7 millones anuales, según cálculos del MEF, cuyo papel como responsable de la política fiscal es muy débil cuando se interponen los designios del generoso Poder Legislativo.
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El novedoso concepto de “pensión por consumo”, introducido en la reforma, representará el mayor costo: S/ 2,000 millones anuales. Se trata de un esquema que autoriza que el 1% de las compras que se sustenten con comprobante de pago tengan fin pensionario (como aporte voluntario). Los requisitos parecen haber sido determinados con escasa prolijidad, aunque lo más llamativo es que expertos estiman que su impacto será ínfimo. El exjefe de la Sunat, Luis Arias, ha señalado que, “así gastes todo tu ingreso y compres todo formal (supuesto heroico)”, no alcanzará para construir un fondo de pensiones.
El siguiente gran costo (S/ 1,250 millones anuales) provendrá de la pensión mínima, que se extenderá al sistema privado, pues ya rige para el público. El fisco tendrá que cubrir la diferencia si los aportes del afiliado no cubren ese mínimo (arrancará en S/ 600 mensuales). Lo curioso en este caso es que el MEF estimó un costo de S/ 7,134 millones anuales, pero la Comisión de Economía del Congreso lo redujo porque lo consideró “desproporcional”. O sea que se descartó un monto calculado por economistas y estadísticos experimentados para reemplazarlo por uno políticamente más conveniente.
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Ese desdén por los argumentos serios también se observó en los últimos retiros de fondos de AFP aprobados por la gran mayoría de congresistas, quienes, sin embargo, ahora se han estrenado como visionarios: la reforma prohíbe futuros retiros. Pero si los peruanos elegimos otro Congreso tan dadivoso como el actual, esa prohibición podría convertirse en letra muerta.
Sumando (o más bien, restando) los fondos públicos que apuntalarán la reforma, durante su primer año equivaldrán a 2.7% del PBI, que habrá subido a 3.4% del PBI hacia el 2035 y a 6.5% del PBI el 2040. Ese incremento del gasto corriente significará que tendría que recortarse gasto en otros rubros como inversión pública. ¿Valdrá la pena?
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