Hechos como estos simplemente no deberían ocurrir. Es inaudito que el techo de un recinto diseñado para el uso del público pueda desplomarse de esa forma. (Foto: Andina)
Hechos como estos simplemente no deberían ocurrir. Es inaudito que el techo de un recinto diseñado para el uso del público pueda desplomarse de esa forma. (Foto: Andina)
Redacción Gestión

Lo ocurrido la noche del pasado viernes en el de ha sido una de esas tragedias que golpean al país entero y que quedarán grabadas en nuestra memoria. Hasta el momento, l. Este Diario se solidariza con las familias de los deudos y con todos aquellos que han resultado afectados.

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Hechos como estos simplemente no deberían ocurrir. Es inaudito que el techo de un recinto diseñado para el uso del público pueda desplomarse de esa forma. ¿Acaso no existen leyes y controles diseñados justamente para evitar llegar a estas consecuencias? ¿Qué pasó con las auditorías y fiscalizaciones públicas y privadas? ¿Tuvo realmente algo que ver la clausura del 2023 y las denuncias del exalcalde Arturo Fernández? ¿Quién se hará finalmente responsable?

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Es importantísimo, principalmente por respeto a las víctimas, que las investigaciones para esclarecer por qué sucedió esa tragedia lleguen hasta el final. No se trata de perseguir a culpables por venganza, sino que determinar las causas de lo ocurrido es indispensable para poder diseñar mecanismos que eviten que sea posible que pueda volver a ocurrir lo mismo en el futuro.

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Las consecuencias sociales de esta tragedia no serán solo físicas. Inevitablemente se verá afectada la confianza de los peruanos en este tipo de espacios abiertos al público, que hasta ahora se han dado por sentado como seguros. Recuperarse de ese golpe a la confianza tomará tiempo, pero está claro que el primer paso para lograrlo debe ser asegurar que algo así no vuelva a ocurrir.

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Está claro que la mayor responsabilidad en estos hechos recae sobre las empresas privadas involucradas en la construcción, operación y mantenimiento del centro comercial. No debería ser necesario que la ley lo exija para que estas busquen otorgar estándares mínimos de seguridad. Pero está claro también que probablemente haya muchos más responsables, incluyendo a varias entidades y autoridades públicas. Cuando hay empresas que, pese a tener todo ‘en regla’ en los papeles, en la práctica no cumplen con la ley o no se preocupan por la integridad de las personas, tarde o temprano, ello se traduce en daños reales.

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Lo vivido en Trujillo, asimismo, se da dentro de un contexto preocupante. Hace menos de dos semanas colapsó el puente Chancay, en Huaral (km. 76), lo que acabó con la vida de tres personas y dejó a decenas heridas. Anteayer, colapsó una de las estructuras metálicas que sostiene el puente Ricardo Palma en la Vía de Evitamiento, en el distrito del Rímac. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo reaccionaremos?

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