PENSIONES. La Asociación de Academias de la Lengua Española atribuye a la palabra “chicharrón” una veintena de significados, desde “carne de cerdo frita en su propia grasa”, pasando por “pisco recién destilado” –es un peruanismo–, hasta “situación o asunto difíciles de resolver”, que es materia de este editorial. En específico, estamos hablando del chicharrón que se ha armado en torno a la Ley de Modernización del Sistema Previsional (Ley 32123) y su Reglamento (Decreto Supremo 189-2025-EF). La Ley fue aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte en septiembre del año pasado, pero recién entró en vigencia hace diez días, cuando el MEF publicó el reglamento.
Las protestas del fin de semana tenían dos reclamos principales: que el Congreso apruebe un octavo retiro de fondos de las AFP y que se deroguen la ley y su reglamento. En el primer tema, justamente debido a la nueva legislación, habrá consecuencias para los afiliados que retiren parte o todo lo que les queda, ya que corren el riesgo de no recibir pensión mínima cuando se jubilen. Lo curioso es que muchos reclamaban dicho beneficio, que ha sido incluido en la reforma, porque no existía para el sistema privado (SPP), sino solo para el financiado con dinero público (SNP).
La semana pasada, ante las amenazas de protestas, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, el fujimorista Víctor Flores, estrenó su cargo anunciando que citará “con carácter de urgencia” a las cabezas del MEF, BCR, SBS, ONP (entidad encargada de administrar el SNP) y Sunat. Quizás ya no sea necesario –no desde el punto de vista técnico sino de populismo político–, pues la propia Boluarte se pronunció ayer a favor del octavo retiro, dejando sin piso al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, que días antes había alertado de que una nueva liberación de fondos de las AFP “sería la peor de todas” (Ver Gestión del 12.09.25).
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Un reclamo central es la obligatoriedad de afiliarse al sistema previsional a los 18 años. Hubo manifestantes que rechazaban tener que afiliarse a las AFP, pero la legislación brinda la opción de hacerlo a la ONP. Causaría extrañeza que luego de un año de promulgada la ley –más los meses que duró su debate–, recién ahora surjan protestas callejeras, pero estamos entrando al periodo electoral, así que todo vale, incluyendo manipular y enardecer a jóvenes descontentos y desesperanzados. Esa fórmula surte mayor efecto ante un Gobierno débil e inepto que le debe su permanencia a un Congreso populista. Si sumamos la falta de cultura de prevención de los peruanos, este chicharrón está dejando un mal sabor de boca.
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