Al cierre de esta edición, todo hacía indicar que, tras la fuerte ola de indignación que desató el reciente atentado contra el grupo musical Agua Marina –que ya había denunciado extorsiones desde hace varios meses–, el Congreso finalmente había logrado reunir los votos suficientes para vacar a la presidenta Dina Boluarte o para forzar su renuncia.
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Sea cual sea el escenario, ello implicaría que, como indica el artículo 115 de la Constitución, quien ocupe la presidencia del Congreso pasaría a asumir la Presidencia de la República, como ocurrió tras la declaratoria de vacancia de Martín Vizcarra. Además, al igual que aquella vez, al estar ya convocadas las elecciones, no habría necesidad de que quien asuma la Presidencia vuelva a convocarlas.
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Sin duda, el país atraviesa un punto de quiebre. El prolongado paro de transportistas en Lima y Callao, vivido el último fin de semana –sobre el cual no parece haber aún una solución definitiva–, representó algo más que un simple reclamo sectorial. Fue, más bien, una de las expresiones más claras y recientes de ciudadanos directamente afectados por esta crisis, que finalmente se cansaron de observar cómo la inseguridad se ha seguido agravando, sin que el Gobierno, el Congreso y el sistema de justicia sean capaces de ofrecer algún tipo de respuesta efectiva. Se trata de exigencias que no han sido caprichosas ni responden a una agenda política particular.
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Peor aún, mientras el país seguía atento a los reclamos de los transportistas, el miércoles por la noche se produjo el atentado contra la emblemática orquesta de cumbia Agua Marina, en el Círculo Militar de Chorrillos, que dio lugar a una nueva ola de indignación. Ese día, un ataque armado desde la parte trasera del escenario dejó al menos cinco heridos, incluidos miembros del grupo. Que un atentado como este haya ocurrido en el Círculo Militar de Chorrillos no es un hecho menor.
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En un contexto tan delicado, que el Ejecutivo haya sugerido “no contestar llamadas desconocidas” para combatir la extorsión revela no solo su extrema desconexión de la realidad, sino una peligrosa e irresponsable pasividad frente a un problema estructural que ya lo ha superado. Si a esto se suman los meses de desidia, al pretender que el problema no existía, y el haber politizado el sector encargado de combatir el crimen otorgándole poder a un personaje como Juan José Santiváñez, no sorprende que el Congreso haya finalmente decidido apoyar la vacancia, presionado por el hartazgo ciudadano.
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Lo que viene atravesando el país debe ser un punto de quiebre. No podemos seguir teniendo autoridades más preocupadas por atacar a sus enemigos políticos o por librarse de investigaciones penales, que por plantear planes serios e integrales para combatir la inseguridad. El país no aguanta más.
