El esquema de asociación público-privada (APP) ha pasado por tres fases. En la década del 2000, fue promovida como la mejor solución para cerrar la brecha de infraestructura, pero el escándalo Lava Jato hizo que en la segunda mitad de la década pasada, el Gobierno de entonces los desdeñe y opte por el esquema de obra pública –toda la inversión corre por cuenta del Estado–. En vista que las arcas fiscales no están en condiciones de asumir esos enormes costos y que no hubo mejoras en el cumplimiento de plazos, salvo en la infraestructura para Lima 2019, se ha vuelto a poner la mira (y las esperanzas) en las APP.
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José Salardi llegó al MEF el 31 de enero y, desde entonces, se ha embarcado en una campaña de promoción de las bondades de las APP y de las novedades que agilizarán el esquema. Por ejemplo, ha incluido en la cartera de proyectos APP un grupo de proyectos que años atrás fue designado como obra pública, entre los que destacan las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Se trata de cerca de US$ 11,000 millones que ya no serán desembolsados en su totalidad por el Estado peruano, sino que la financiación será compartida con quienes ganen las concesiones.
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También se está dando impulso a ProInversión, lo que se inició durante la gestión de José Arista, cuando Salardi era director ejecutivo de dicha agencia. En diciembre, el MEF modificó el Reglamento de la Ley de APP y amplió las funciones de ProInversión, que ahora podrá hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos e incluso emitir informes técnicos (no vinculantes). Salardi también anunció que el MEF estará más involucrado en la negociación de adendas de los contratos de concesión y que se tiene previsto firmar nueve hasta que termine el actual periodo gubernamental (julio del 2026). Dijo que hay cuatro que podrían firmarse antes del próximo 28 de julio.
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Las demoras en las adendas, que pueden ser de años, deben atribuirse a los ministerios que firmaron las concesiones de APP en representación del Estado, particularmente el MTC y el Minem. El 2024, solo se firmó una, por US$ 940 millones en el proyecto de fosfatos de Bayóvar. El 2023, no hubo ninguna. Todo el tiempo perdido implica que las inversiones queden en stand-by.
Pero hay otros obstáculos que tienen que ser tomados en cuenta: las demoras en el levantamiento de interferencias, que además de ministerios, involucran a municipios y gobiernos regionales, y la sobrerregulación, sobre todo en los niveles subnacionales. En suma, hace falta que los contratos de concesión y las adendas sean más expeditivos.
