Durante el feriado de Semana Santa –como quien busca esconder una decisión polémica de los ojos del público–, el gobierno que encabeza la presidenta Dina Boluarte nombró al recientemente censurado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como titular de un nuevo cargo con influencia directa en Palacio de Gobierno. Es así que Santiváñez, quien es tristemente recordado por su paso al frente del sector Interior no solo por sus varias denuncias y conflictos de interés, sino también por sus pobres resultados, se convirtió en el nuevo jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial desde el pasado 17 de abril.
La mencionada oficina fue creada recién en octubre del año pasado y, hasta el momento, no había sido ocupada por nadie. Se trata de un cargo de confianza, por lo que Santiváñez recibirá un sueldo de S/17 mil. Según el decreto supremo que creó esta oficina, el exministro estaría al mando de un nuevo “órgano de asesoramiento”, que deberá organizar “la información sectorial relevante” del Ejecutivo y de otros poderes y entidades públicas, con el fin de “facilitar la coordinación y articulación del desarrollo de la agenda presidencial.
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Más allá de las dudas sobre la necesidad de esta oficina y la pertinencia de su creación en este contexto específico, lo que realmente ha llamado la atención y despertado una gran crítica frente a esta decisión es la persona que ha sido designada para el cargo: ¿por qué Boluarte está premiando con un regreso al Ejecutivo a quien fue censurado por el Congreso justamente por sus múltiples cuestionamientos y falta de resultados?
Más de seis personas vienen siendo asesinadas al día en lo que va de este año, en el que ya casi hemos alcanzado la misma cifra de fallecidos que hubo en todo el 2017. Frente a ello, apenas el 1.39% de quienes fueron detenidos entre enero y marzo del 2025 eran personas acusadas de delitos graves, como extorsión o sicariato. El resto lo fue por otros delitos y causas menores.
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Por si esto fuera poco, como reveló recientemente Cuarto Poder, durante la gestión de Santiváñez el Ministerio del Interior gastó más de S/1 millón en actividades bastante cuestionables, como la contratación de entrenadores personales para empleados administrativos, reuniones de recreación para los hijos de los trabajadores y campeonatos deportivos. Todo esto, mientras el país se desangraba.
Lo más preocupante –y, por lo mismo, insultante– de todo esto es que la designación de Santiváñez también confirma que el gobierno de Boluarte no tiene intenciones de cambiar en nada su actual ‘estrategia’ contra la inseguridad. Esa que no solo no ha dado resultado alguno, sino que viene causando que las cifras sean cada vez peores. Y que el miedo sea cada vez más grande.
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