Recientemente han empezado a cobrar más fuerza los rumores sobre las negociaciones para conformar la que será la última Mesa Directiva (MD) de este Congreso unicameral. Como se sabe, a partir del 28 de julio del 2026, se instalará en su lugar un Legislativo con dos cámaras: un Senado y una Cámara de Diputados, como el que tuvimos hasta 1992.
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Como ya habíamos señalado hace unos meses (ver Editorial del 24/04/2025), el hecho de que se trate de la última MD unicameral es particularmente relevante. Por un lado, al tratarse del último año de Gobierno, ya no será posible disolver el Congreso, con lo que el Ejecutivo pierde un arma de contrapeso frente a cualquier medida que el Legislativo decida tomar, incluyendo la eventual censura de ministros o incluso una posible vacancia presidencial. Por otro lado, es indiscutible que el poder de una MD unicameral es mucho mayor al que tendrán, desde el 2026, las respectivas mesas directivas de cada cámara.
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Con todo ello en cuenta, las negociaciones por la MD de este último año adquieren una relevancia considerablemente mayor que la habitual. Más aún si se considera la pésima imagen que hoy tiene el Congreso, que pasó de una desaprobación del 44% en agosto del 2021, al 70% en diciembre de ese mismo año, y a un promedio superior al 85% durante este 2025 (Ipsos).
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Niveles tan altos de rechazo generan costos reales que, al final, todos los peruanos asumimos. Una desaprobación así del poder del Estado –que existe justamente para representar a la ciudadanía– se traduce luego en desconfianza: para invertir, para contratar o para hacer cualquier acción que requiera un mínimo de planificación. O la eventual intervención de un Poder Judicial independiente, que no esté influenciado por los políticos.
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¿Cómo será recordado en la historia el último Congreso unicameral? Dependerá de lo que logren priorizar sus integrantes. Lamentablemente, hoy no existen muchos indicios de que pueda haber cambios significativos durante este último año, ni demasiado que pueda hacerse para cambiar drásticamente la imagen que el Congreso ya tiene.
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Dicho esto, sí existen asuntos mínimos: dejar de utilizar mecanismos constitucionales, como las inhabilitaciones, sin una justificación técnica debida (solo para atacar a enemigos políticos); concentrarse en una agenda legislativa mínima que priorice la revisión y eventual derogación de las normas que hoy favorecen al crimen organizado y a la minería ilegal, promuevan la inversión y avancen en estándares de digitalización y transparencia pública; y fomentar un contexto electoral pacífico y sin mayores controversias políticas ni acusaciones infundadas de fraude.
Los nombres que finalmente se escojan para esta próxima MD nos darán, pues, pistas más claras sobre qué podremos realmente esperar y cuál será el legado final que nos dejará esta etapa unicameral.
