A pesar de que se había descartado, un nuevo rescate financiero está en camino para Petroperú. Se trata de US$ 2,000 millones que el Gobierno quiere hacer creer a la opinión pública que no será dinero del tesoro público sino que provendrá de un “banco privado”, pero que se requiere una garantía del Estado peruano. Tal como señalamos en esta columna (Gestión 27/03/2026), ya se hablaba de ese monto, para cubrir gastos operativos como el pago a proveedores. La semana pasada, el presidente José Balcázar, condicionó dicho aval a la salida del directorio de la petrolera.
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El sábado, la junta general de accionistas de Petroperú cambió a dos miembros del directorio y nombró presidente del mismo a uno de los reemplazos, Edmundo Lizarzaburu. El saliente, Roger Arévalo, ocupaba ese cargo desde el 26 de marzo y, desde un inicio, enfrentó cuestionamientos. Lo curioso es que también fue nombrado en el actual Gobierno y por los mismos titulares en funciones de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem). El MEF representa el 60% del accionariado de Petroperú y el Minem, el 40% restante, y nombran a un número proporcional del directorio (tres y dos miembros, respectivamente). Un sexto director es designado por los trabajadores de la empresa estatal.
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En el actual periodo presidencial (Castillo-Boluarte-Jerí-Balcázar), el directorio ha tenido nada menos que 14 presidentes, y los cuatro más recientes, en menos de tres meses. Esta es la rotación de funcionarios públicos más alta del quinquenio, que ya ostenta el vergonzoso récord de cambios más frecuentes en un solo periodo presidencial. Es un reflejo de la inestabilidad política y de la falta de visión de mediano y largo plazo –y del predominio de intereses particulares–. Por ejemplo, a pesar de la duradera ineficiencia de la petrolera, sus trabajadores gozan de sueldos propios de entidades solventes. Canal N informó que la planilla de Petroperú, conformada por 2,629 personas, asciende a S/ 495 millones anuales (su gerente general percibe más de S/ 26,000 mensuales).
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Cabría preguntarse qué banco privado se arriesgaría a prestarle a una entidad con gobernanza inestable, una planilla cara y sobredimensionada (se estima que en 40%) y serias dificultades operativas. Tal vez se trate del Banco de la Nación, que si bien es estatal, es manejado con estándares del sector privado y que, en rescates previos de Petroperú, fue obligado a participar. Y si la petrolera no logra honrar el préstamo, el banco ejecutará la garantía del Estado. En otras palabras, es muy posible que esa carga sea asumida, como siempre, por los contribuyentes
