A diferencia de las demás empresas estatales, Petroperú tomaba decisiones sin consultar a ninguna entidad supervisora, porque la legislación se lo permitía. En julio del 2006, el Congreso promulgó la Ley 28840, que la excluyó del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), que tiene el encargo de normar y dirigir dicha actividad. La citada ley fue aprobada por insistencia por el Legislativo pues el Ejecutivo había observado la autógrafa respectiva.
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Durante cerca de 20 años, la petrolera estatal fue manejada bajo parámetros de autonomía corporativa, que resultaron siendo muy costosos. Por ejemplo, gastó más de US$ 6,500 millones en la Refinería de Talara, endeudándose por encima de sus posibilidades de repago. Ese enorme pasivo, sumado a la gestión ineficiente de la empresa y su planilla sobredimensionada, generó un profundo deterioro operativo y financiero, que desembocó en múltiples rescates, en la forma de aportes de capital, capitalización de deudas, garantías crediticias, etc.
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Desde el 2022, los rescates suman cerca de US$ 7,000 millones (más de lo que costó la refinería). Muchos incluyeron la obligatoriedad de restructurar la empresa, desde dentro, pero se hizo caso omiso a ese mandato, salvo un breve periodo en el 2024. Por fin, el pasado 31 de diciembre, el Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 encargó la reorganización patrimonial de Petroperú a un tercero: la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), y las críticas no se hicieron esperar. Dos sindicatos de la petrolera –son doce en total– han interpuesto demandas de amparo ante el Poder Judicial y exdirectivos han justificado su oposición en que es “estratégica”.
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El inconveniente para quienes quieren mantener el statu quo es que el nuevo rescate, aprobado este mes por el DU 003-2026 (US$ 2,000 millones en garantías crediticias), refuerza la participación de ProInversión. Cuando la agencia comenzó a pedir información detallada al directorio de la petrolera, a inicios de este mes, la respuesta inicial fue poco amistosa (Gestión 21/05/2026), pero en días recientes la actitud de la petrolera cambió y hasta publicó un comunicado conjunto con su flamante supervisora.
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Lo cierto es que Petroperú ha dejado de ser intocable. Manejó muy mal su autonomía corporativa y se acostumbró a hacer lo que quería. Además, ha perdido piso en el Congreso; por ahora, porque con los legisladores nunca se sabe. La gran pregunta es si el Gobierno y el Congreso que asumirán en julio respaldarán la restructuración de la carísima petrolera estatal.
