La minería formal en el Perú está en retroceso. Aunque en los primeros meses de este año se incrementó el número de concesiones otorgadas y la producción de metales como el cobre y la plata se mostraron al alza, la actividad exploratoria ha caído estrepitosamente. En abril se reportaron apenas 367 concesiones en etapa de exploración, una caída de 38.6% respecto al mismo mes del 2024. Mientras los precios internacionales deberían ser un incentivo para buscar nuevos yacimientos, el aparato estatal parece hacer todo lo contrario: poner trabas, no abrir puertas.
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Las causas están a la vista. Entre los principales obstáculos, como analizamos en Gestión 19.06.25, figuran normas como el Decreto Supremo 041 del 2017, que introdujo el silencio administrativo negativo en los trámites ambientales para exploración, y la insistencia en aplicar procesos de consulta previa incluso a actividades exploratorias, lo que puede retrasar los proyectos por más de dos años. A este ritmo, ni la cartera ampliada del Minem –que suma 84 proyectos por más de US$ 1,000 millones– alcanzará una ejecución real significativa. De hecho, menos de una docena de proyectos ha iniciado actividades este año.
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Mientras el Estado desalienta la minería formal, la minería ilegal crece sin control y afecta a la primera. En varias regiones, la extracción ilegal de oro no solo contamina, sino que también financia redes criminales y agrava la crisis de seguridad. La situación de Pataz es emblemática: masacres, control territorial por mafias y una tenue presencia del Estado. La minería ilegal se ha vuelto también una amenaza institucional.
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En ese contexto, la reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2025 es una señal preocupante. El Gobierno sostiene que su intención no es proteger la ilegalidad, pero a la ilegalidad no le interesan las intenciones del Gobierno, y sigue avanzando. Repetir una y otra vez extensiones al Reinfo –un mecanismo que debió ser transitorio– legitima la informalidad y manda el mensaje de que no hay consecuencias para quienes incumplen.
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La permisividad estatal, del Ejecutivo y del Congreso, alimenta la minería ilegal. Se necesita una estrategia firme, coherente y transparente para la formalización minera, agilizar los procesos para la exploración formal y restablecer el principio de autoridad en las zonas donde el Estado ha claudicado. El país no puede seguir perdiendo el control de sus territorios ni postergando el desarrollo de su minería formal y responsable.
