El último martes por la tarde la presidenta Dina Boluarte, acompañada de los titulares de los tres organismos electorales, anunció finalmente la convocatoria a elecciones generales para el próximo 12 de abril del 2026. Como se sabe, la ley obliga a que las elecciones sean en esa fecha e indica que la presidenta debe convocarlas hasta un año antes, por lo que su anuncio estuvo dentro de lo esperado.
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Ya con la cuenta regresiva en marcha y, a menos de tres semanas de la fecha límite para modificar normas electorales, se hace más relevante y potencialmente peligroso el punto sobre el que llamamos la atención la semana pasada (ver Editorial del 21/03/2025): el hecho de que el Congreso todavía no haya terminado de definir las reglas de juego que finalmente aplicarán en las próximas elecciones. Ahora ya convocadas.
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El primer y más claro problema con esto es que, una vez más –pues tampoco se trata del primer Congreso en el que esto ocurre–, tenemos a legisladores apurados definiendo las reglas electorales a última hora. Esto representa un evidente peligro de que se afecten tanto la calidad de los proyectos que se terminen aprobando, como la cantidad de los mismos que terminen siendo adecuada y suficientemente debatidos. Todo lo cual, además, da lugar más adelante a otros problemas que se desatan en cadena, como el apuro con el que los organismos electorales deberán llevar a cabo sus procesos y publicar los reglamentos que operativicen estas leyes del Congreso.
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En segundo lugar, otro aspecto alarmante es que los proyectos de normas electorales cuyo debate se ha venido priorizando, ni siquiera tratan de los temas más urgentes. No se está buscando seriamente la forma de reducir el número de partidos, pese a que podrían plantearse diversas alternativas (como eliminar la elección por delegados), ni cómo reducir la desconfianza en la organización de este próximo proceso.
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En vez de ello, sí se vienen priorizando temas que dan más la impresión de encerrar disputas políticas. Por ejemplo, que el miembro del JNE proveniente de la Corte Suprema ya no deba ser el presidente de esta entidad (lo que tiene sentido, al tratarse del único juez), sino que se elija por mayoría.
Por si esto fuese poco, algunos de los proyectos que sí vienen siendo priorizados, o que incluso ya han sido aprobados, podrían empeorar las cosas. Entre ellos destaca el mal diseñado y potencialmente problemático mecanismo de recuento de votos que hoy se viene debatiendo, o el recientemente aprobado ‘voto digital’.
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Finalmente, como hemos advertido, el daño reputacional que nos genera como país tratar nuestras elecciones con tan poca seriedad es considerable. Un país tan volátil no genera confianza.
¿Seremos capaces de reaccionar a última hora?
