La víspera de Año Nuevo, tres personas murieron a balazos en una mina en Pataz, la provincia de La Libertad que padece la violencia de la minería ilegal de oro, ante la ineptitud e indiferencia de las autoridades en Lima y Trujillo. El hecho ocurrió en una concesión que pertenece a Minera Poderosa, empresa formal cuyas operaciones en Pataz son objeto de disputa entre organizaciones que extraen, procesan y venden oro de manera ilegal.
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Además, diez personas fueron reportadas como desaparecidas, lo que trajo a la memoria el asesinato de trece trabajadores mineros, a fines de abril pasado y la débil respuesta del Gobierno de Dina Boluarte. Por ejemplo, declaró toque de queda en una zona que es básicamente rural, y prohibió toda actividad minera durante 30 días, pese a que era imposible verificarlo pues las minas se ubican en zonas de difícil acceso, en los Andes. Además, se designó a cinco fiscales adjuntos adicionales a los cuatro que ya estaban en funciones, pero la medida fue desactivada a fines del 2025 por falta de presupuesto.
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Lo que no ha cambiado, es la emisión de notas de prensa con titulares grandilocuentes cuando informan de incautaciones cuyos valores resultan ínfimos frente a los millones de dólares que mueven las organizaciones mineras informales. Al parecer, el Gobierno no sabe qué hacer para ponerle freno a esta actividad ilícita, que ha estado creciendo en paralelo con el precio internacional del oro y que el año pasado alcanzó niveles históricos. Nunca se ha capturado a cabecillas de esas organizaciones, que lógicamente no son los trabajadores que invaden concesiones y/o laboran en ellas, en condiciones paupérrimas.
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Tampoco se ha detectado en qué parte de su cadena productiva el oro ilícito se vuelve lícito, lo que evidencia ineficacia en la trazabilidad –uno de cuyos responsables es la Sunat–. Al respecto, un informe de Scotiabank estima que el 45% de las exportaciones auríferas peruanas del 2024 provino de la minería informal/ilegal. En dicho año, 1,073 empresas exportaron oro pero solo 46 estaban registradas como productoras, las demás eran comercializadoras (compra, venta y distribución), aunque no todas están vinculadas a la minería informal/ilegal. El banco estima que la proporción sería 50/50. Otro dato que llama la atención es que si se excluye a las dos comercializadoras formales más grandes, el 90% del oro exportado por comercializadoras se dirige a países con controles más permisivos como India y Emiratos Árabes Unidos. El Gobierno y el Congreso deberían analizar a fondo el citado informe.
