La reciente información del U.S. Geological Survey (USGS) de que la República Democrática del Congo habría superado al Perú como segundo productor mundial de cobre por segundo año consecutivo debería tomarse como una señal de alerta. En el 2024, según las proyecciones (aún falta que el Minem publique las cifras consolidadas), el país africano alcanzó una producción de 3.3 millones de toneladas métricas finas (TMF) del metal rojo, mientras que Perú cayó a 2.6 millones TMF, lo que significa una brecha de 700,000 toneladas que será difícil de cerrar en el corto plazo.
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Así, la falta de inversión y proyectos nuevos nos está condenando a perder liderazgo en un sector clave para el desarrollo del país y a nivel global. Además, la presión no proviene solo del país africano, Argentina, en años recientes, viene dinamizando su industria y haciéndola más competitiva
A esto se suma un problema aún más preocupante: mientras la minería formal enfrenta trabas y demoras para la ejecución de proyectos, la minería ilegal sigue en expansión. En el 2024, el Perú exportó, según el IPE, aproximadamente 92 toneladas de oro ilegal, lo que representó un aumento del 20% respecto al 2023. Se calcula que en este 2025 este crecimiento será aún mayor, alcanzando el 40%. La falta de regulación efectiva no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también fomenta actividades ilícitas que destruyen el medioambiente y generan inestabilidad social.
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¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué seguimos desperdiciando oportunidades? Los problemas que enfrenta el país van más allá de la actividad económica. En los últimos años, el Perú ha estado marcado por inestabilidad política y decadencia institucional, con seis presidentes y 19 ministros de Energía y Minas entre el 2017 y el 2024. Esto ha debilitado la capacidad del Estado para implementar políticas públicas que incentiven la inversión. A ello se suma un entorno poco competitivo para el sector privado con barreras que desincentivan la inversión minera y de otros sectores.
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Sin embargo, el mayor error que seguimos cometiendo es, como ha indicado Carlos Prieto, del BCP, es el “ninguneo a la minería moderna como palanca de desarrollo”. Mientras otros países como Canadá, Australia y Noruega han convertido sus recursos naturales en motores de crecimiento, en el Perú aún se sigue cuestionando su importancia (discurso que podría tomar más fuerza de cara a las elecciones). Actualmente, hay proyectos mineros paralizados que implicarían inversiones por más de US$ 20,000 millones, lo que significa miles de empleos perdidos, menos ingresos fiscales y una economía que desaprovecha su mayor ventaja comparativa.
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Si queremos recuperar el espacio y el tiempo perdidos, debemos tomar medidas ya. Será difícil, pero es momento de fomentar la inversión privada en minería, agilizar la aprobación de proyectos y garantizar estabilidad para atraer capitales. El cobre será clave debido a la transición energética y el auge de la inteligencia artificial. No podemos seguir siendo desplazados por otros países.
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