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DEFENSORÍA. El Congreso ha sumado una nueva decisión inexplicable a su historial de controversias. Luego de ganar una batalla legal contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional, en la que había reclamado que el Poder Judicial se estaba inmiscuyendo en sus funciones por haber ordenado suspender del procedimiento de selección del defensor del Pueblo, el Legislativo finalmente eligió la semana a quien ya es el nuevo titular de esa entidad.
El elegido, sin embargo, nos deja claro que las objeciones que en su momento hizo el Poder Judicial –principalmente que el procedimiento de selección no estaba siendo transparente, meritocrático ni cumpliendo con otras garantías que la ley exige– nunca llegaron a ser resueltas. Y que tampoco se ha respetado la Ley Orgánica de la Defensoría, que exige en su artículo 2 que su titular debe ser un abogado “que goce de conocida reputación de integridad e independencia”.
El defensor elegido es Josué Gutiérrez Cóndor, excongresista humalista y exabogado de Vladimir Cerrón. De hecho, este último fue uno de los principales –sino el principal– impulsor de su candidatura. Lo que no sorprende si consideramos que, tras dejar el Partido Nacionalista en el 2021, Gutiérrez pasó a ser miembro de Perú Libre. Si bien renunció en marzo, su vínculo con Cerrón se ha mantenido.
El fin de semana, durante una entrevista en RPP, Gutiérrez aseguró tener “un respeto muy grande” por Cerrón e indicó además que este respeto también alcanza a los líderes políticos de Cuba y Venezuela, cuyos regímenes se rehusó a condenar como dictaduras.
Considerando esto último, llama poderosamente la atención que esta designación haya recibido el apoyo unánime de la bancada de Fuerza Popular, así como el de Acción Popular (lo que sorprende menos). Renovación Popular votó en abstención, mientras que Avanza País fue la única bancada del bloque de derecha que votó mayoritariamente en contra.
Más allá de sus cuestionamientos políticos, Gutiérrez ha sido también investigado por la Fiscalía por delitos de peculado, estafa y apropiación ilícita en el 2007 (para lo que se pedían en su momento ocho años de prisión) y más recientemente por lavado de activos, en un caso que involucra a Perú Libre. Por otro lado, Gutiérrez tampoco cuenta con ningún tipo de experiencia relevante para el cargo que ahora ocupa, como pasaba con los nombramientos típicos del Gobierno de Pedro Castillo.
Con todos estos antecedentes, la elección de este nuevo defensor resulta francamente ofensiva. ¿Qué explica lógicamente que la izquierda y la derecha se hayan unido para esta decisión? No lo sabemos. Pero no parece haber sido amor por el país.
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