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IRTP. A inicios de junio publicamos un comentario crítico a la decisión que acababa de tomar el Gobierno de Dina Boluarte de, en la misma línea que varios de sus antecesores, nombrar como nueva titular del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) a alguien que hasta el día previo había sido la persona responsable de la comunicación de la propia presidenta (ver Editorial del 06/06/2023).
Ello a pesar de que la ley de creación del IRTP indica textualmente que el propósito de que nuestros impuestos financien a los medios que lo componen –TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional– es que se ejecuten “actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento”, no que se dediquen a cuidar la imagen del Gobierno de turno.
La persona nombrada por Boluarte, no obstante, no tenía ninguna experiencia relevante en las tareas que la ley le asigna a una entidad tan importante y por que todos los peruanos pagamos. Más bien, su cercanía con la presidenta hizo sospechar desde un inicio que su elección no respondía precisamente a un interés público, sino al interés privado del Gobierno de minimizar las críticas en su contra. No nos equivocamos en esta sospecha.
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En tan solo unas semanas han empezado a trascender una serie de despidos a profesionales independientes y con experiencia en más de un Gobierno –sobre todo de aquellos que no han seguido una línea disciplinada de defensa del Ejecutivo–, que luego no han sido reemplazados siguiendo un claro criterio meritocrático. En varios de estos casos, como en los de los periodistas Leah Sacín (Radio Nacional) y Jorge Ballón (TV Perú), los despidos se dieron sin previo aviso ni mayor explicación, lo que genera el riesgo de que el Estado deba ahora pagar indemnizaciones laborales (hay decenas de despedidos).
¿Por qué el Gobierno de Boluarte ha decido copiar las prácticas del expresidente y dictador frustrado Pedro Castillo en lo que respecta a su entendimiento y utilización de los medios estatales? Si su intención es convencer a la ciudadanía de que ella sí es una alternativa democrática, utilizar una institución pública como el IRTP para cuidar su imagen personal y la de su Gobierno y no para lo que exige la ley manda el mensaje exactamente opuesto.
Que otros presidentes hayan hecho lo mismo antes, además, no es una excusa. Por el contrario, quizá esto demuestre que ya es tiempo de pensar en un cambio en la ley, o quizá incluso en la Constitución, para asegurar que los medios públicos sean siempre utilizados para proteger los intereses del público; no los de algún privado.
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