Con demasiada frecuencia nuestros políticos y autoridades vienen tomando decisiones que agravan aún más la confianza en nuestra democracia, como si esta no estuviese ya en crisis. Como si más golpes no fuesen a hacer más daño.
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El viernes pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario “inmediato” contra la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, y contra otros cuatro magistrados. El motivo sería que tanto Tello como el resto de denunciados habrían citado en una sentencia una ley que ya no estaba vigente. Aunque según la propia Tello, la norma citada no había sido derogada, sino solo modificada, lo que no afectaría la argumentación de la sentencia.
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Un punto llamativo de esta denuncia, que podría concluir en la destitución de todos los involucrados, es que los procedimientos “inmediatos” están reservados para casos muy graves. Cuando se utilizó contra la exfiscal Patricia Benavides, por ejemplo, se acusaba a esta última por haber cambiado sin justificación válida al fiscal que investigaba a su hermana (y haber colocado a un fiscal cercano como reemplazo); por el testimonio de su exasesor, según el cual Benavides ofreció a congresistas archivar sus denuncias a cambio de votos; y por haber despedido a la fiscal que la investigaba a ella misma.
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Por un lado, ¿es realmente el caso de Tello y el resto de magistrados acusados comparable a esas acusaciones? Y por otro, ¿no se trata más bien de un caso que requeriría de una mayor investigación previa desde la JNJ? Según ha hecho saber Tello, por ejemplo, hasta el momento la JNJ no ha solicitado ninguna información al PJ sobre el caso con el que se la pretende cuestionar. Es decir, solo habría recibido la acusación. En un clima de crisis política y en un país lamentablemente cada vez más acostumbrado a la politización de la justicia, lejos de crear confianza, este tipo de actitudes la dañan aún más.
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Más aún cuando existen indicios de politización desde el Ejecutivo dentro de esta nueva JNJ (la hermana de Boluarte y otros dos funcionarios de su entorno han sido designados en cargos clave en esa institución), así como una influencia indirecta del Congreso en su conformación (el Defensor del Pueblo, quien preside la comisión que nombra a la JNJ, fue una designación política de este Congreso). Y cuando la denuncia contra Tello llegó poco después de que esta criticara varias normas aprobadas por el Congreso y no observadas por el Ejecutivo.
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Sería vergonzoso entrar en un nuevo enfrentamiento de poderes que vuelva a probarle al mundo que seguimos siendo un país con líderes que priorizan sus intereses privados de corto plazo frente a lo que le conviene al país. Lamentablemente, es probable que ocurra.
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