FRENTE A MINERÍA ILEGAL. Esta semana, la edición 37 de Perumin en Arequipa reúne a autoridades y empresarios para discutir el futuro de la minería en el país. Entre los asistentes estarán la presidenta Dina Boluarte, quien dará un discurso de cierre mañana; y también el premier Eduardo Arana, quien dio el discurso inaugural. Además, se sabe que han acudido y acudirán también otros miembros del Gabinete, como el ministro de Energía y Minas.
A simple vista, uno podrá pensar que la presencia de estas altas autoridades busca transmitir una preocupación real del Ejecutivo por los problemas que vienen ocurriendo en el sector minero. Sin embargo, cuando se analizan las políticas concretas, uno se topa con que la realidad es otra: el Gobierno carece hasta hoy de una estrategia integral para combatir de forma efectiva la minería ilegal y la criminalidad que esta alimenta.
La situación es crítica. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la criminalidad vinculada a la minería ilegal se ha convertido en un factor importante más que afecta la competitividad de la minería formal y del país en general. La última Encuesta Fraser muestra un dato revelador: mientras en el 2018 apenas el 6% de las empresas mineras consideraba la inseguridad como un obstáculo fuerte o decisivo para invertir en el Perú, hoy esa cifra ha escalado a 29%, tras un pico de 37% en el 2023.
LEA TAMBIÉN: Comprador clave de oro peruano desincentiva minería ilegal con ‘premios’ para MAPE
El impacto de esta inacción va más allá de lo que pueden mostrar los números. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas y erosiona la legitimidad del Estado en regiones enteras; sino que también fomenta redes de crimen organizado que controlan territorios, lavan dinero y alimentan la violencia. El resultado es un círculo vicioso: menos inversión formal, más informalidad, más criminalidad y menos competitividad.
Mientras tanto, el Ejecutivo no ha sabido salir de la retórica. Desde su instalación, no solo ha sido incapaz de enfrentar las normas que han beneficiado directamente a los mineros ilegales, sino que decisiones como el retorno al Gabinete de Juan José Santiváñez –quien había sido censurado como ministro del Interior por no obtener resultados en la lucha contra la criminalidad y tener múltiples denuncias–, dejan claro que entre las prioridades de Boluarte no se encuentra la de luchar de forma efectiva contra la minería ilegal. Ni siquiera contra la criminalidad organizada en general.
LEA TAMBIÉN: Competitividad de Perú “en jaque” con incremento de la criminalidad vinculada a minería ilegal
El país necesita con urgencia una estrategia integral contra estos flagelos. La competitividad está en juego: si no enfrentamos pronto a las mafias que socavan el espacio formal, perderemos no solo inversiones, sino también la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para impulsar empleo y el desarrollo.
En Perumin sobrarán los discursos y las fotos oficiales. Lo que realmente necesitamos de las autoridades, sin embargo, son acciones y resultados.
