Cuando Dina Boluarte asumió como presidenta, luego de que se declarara la vacancia de Pedro Castillo por su intento de golpe, la presidenta afirmó tener “pleno conocimiento de la alta responsabilidad” que la historia había puesto sobre sus hombros. Tras ello, juró también que “en todo momento” cumpliría y haría cumplir la Constitución y la ley. Dos años y medio después, sin embargo, aquellas afirmaciones firmes que escuchamos alguna vez de la actual mandataria distan mucho de lo que se ha evidenciado en la práctica.
En el tiempo que lleva en Palacio, Boluarte no solo nos ha acostumbrado a mostrarse débil frente a las iniciativas peligrosas del Congreso, sino también a evitar otorgar entrevistas profundas, como sí han hecho antes la mayoría de sus antecesores. En más de un caso, existen indicios de que la presidenta podría haberle mentido al país.
El más reciente, por supuesto, es el caso que enfrenta actualmente a la presidenta con el médico cirujano Mario Cabani, quien realizó una operación quirúrgica en el rostro de la mandataria, luego de que ya hubiese asumido el cargo. Según Boluarte, se trató de una operación menor, pero, de acuerdo con el galeno, fue más bien una intervención compleja que, en la práctica, inhabilitó a la presidenta durante varios días. Por ello, se sospecha ahora que algunos decretos publicados con su firma en esos días podrían haber sido adulterados.
Esta semana, la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó, por este caso, que Boluarte habría infringido los artículos 114, 115 y 118 de la Constitución, al haber abandonado el cargo sin justificación constitucional, así como cometido varios delitos. Por ello, indicaron en su informe que ahora “corresponde al Congreso evaluar y declarar la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral”.
Esta no sería la primera vez que la mandataria habría mentido. Ya lo habíamos visto ante situaciones similares en el caso del ‘Cofre’ o en el caso ‘Rolex’. Pese a todo, y más allá de cuál sea el desenlace en todos estos casos, está claro que, termine quien termine en el Gobierno, deberá cumplir, cuando menos, con una agenda mínima de pendientes hasta julio del 2026.
Una agenda que incluya, cuando menos, una lucha más inteligente y efectiva contra la delincuencia común, el crimen organizado y el avance de las economías ilegales; la garantía de un gasto público necesario y responsabilidad fiscal para impulsar la economía y el desarrollo de proyectos importantes; así como, por supuesto, la supervisión de un proceso electoral transparente en el 2026.
Continuar esperando que Boluarte esté a la altura de sus promesas iniciales es ya poco razonable. Pero el país simplemente no podría funcionar sin un Ejecutivo que cumpla con sus responsabilidades mínimas en todo momento, lo dirija quien lo dirija.
