La semana pasada, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó un nuevo dictamen que, de convertirse en ley, permitiría que nuestros legisladores queden exceptuados del deber de neutralidad que, por regla general, aplica para todo el sector público durante el periodo electoral. Esto, en la práctica, les daría luz verde a los congresistas para hacer campaña política, por ejemplo, durante su semana de representación o durante cualquier otro periodo en que no estén sesionando en el Pleno o en las comisiones.
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Por un lado, quienes defienden la medida argumentan que los congresistas no son figuras neutrales, sino políticos elegidos justamente por sus posturas políticas. Por ende, sobre todo estando ya permitida, en la práctica, la reelección, no tendría sentido restringir a los parlamentarios de hacer campañas. No obstante, la iniciativa también ha recibido muchas críticas por parte de quienes argumentan que se trataría de un quiebre injustificado del deber de neutralidad electoral, que no solo existe en el Perú, sino en todo el mundo.
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Como en tantas ocasiones, es posible que en este debate en particular exista un punto medio más razonable entre ambas posiciones. Ciertamente, los congresistas son políticos, sin embargo, lo que busca cuidarse con el deber de neutralidad es, sobre todo, que nuestros altos funcionarios no utilicen recursos públicos para obtener una ventaja indebida durante el período electoral, durante el cual, dentro y fuera del Perú, existen restricciones a los actos de publicidad que puedan hacerse desde el Estado.
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Así las cosas, el problema con esta norma no sería, pues, que la ley haga explícito que los congresistas tienen permitido hacer campaña por su reelección, sino que abra la puerta a que hagan campaña durante horas por las que se les está pagando con recursos públicos. Horas que no se restringen únicamente a los momentos en que se haya convocado a una sesión del Pleno o de alguna comisión.
De no ser así, ¿quién se encargaría de reemplazar a los congresistas durante los periodos electorales en su rol de seguir fiscalizando al Poder Ejecutivo y trabajar en nuevos proyectos de ley? ¿O sería razonable aceptar sin más que, durante los meses de campaña, estas obligaciones simplemente no serán cumplidas?
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Los congresistas que impulsan esta medida tienen un punto cuando dicen que, por la naturaleza política de su rol, deberían poder exponer sus ideas en campaña. Pero esto no debería darles licencia para abandonar las obligaciones por las que reciben un sueldo que todos pagamos con nuestros impuestos. Menos aún si sus partidos ya reciben financiamiento público.
Si los legisladores quieren también ser candidatos, deben serlo con sus propios recursos.
