¿Corregir para empeorar?

El miércoles de la semana pasada el Congreso aprobó en primera votación una iniciativa que propone, entre otros aspectos, modificar las reglas de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como la duración del cargo. Concretamente, el dictamen plantea que el presidente del JNE sea elegido entre los integrantes del colegiado, en lugar de que continúe siendo por defecto el representante de la Corte Suprema. Asimismo, se propone que el periodo de mandato se reduzca de cuatro a solo dos años.

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La propuesta es problemática por más de una razón. Primero, porque no resuelve ningún problema. Segundo, porque no toma en cuenta la naturaleza del JNE y las razones que motivan que este sea presidido por el representante de la Corte Suprema. Y además, la propuesta politiza una elección que debería guiarse más bien por criterios técnicos.

Ciertamente el JNE no es actualmente una institución perfecta. En más de una ocasión en los últimos años ha tomado decisiones polémicas. Lo que no queda claro, sin embargo, es qué problema se buscaría corregir cambiando la forma de elección, o recortando el mandato (lo que llevaría al absurdo de tener presidentes del JNE que nunca lleguen a organizar un proceso de elecciones).

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Que el presidente del JNE sea el representante de la Corte Suprema no es gratuito. El motivo es bastante directo: se trata del único juez. El único que ha pasado por la Academia de la Magistratura y tiene por ende experiencia ejerciendo la función jurisdiccional, que es lo que hace el JNE en materia electoral. Ningún otro de los miembros tiene una experiencia comparable que lo prepare para liderar un jurado.

Que la elección pase a ser decidida entre los miembros solo llevaría a que la misma se politice. Y a que existan incentivos para intercambiar favores (y votos) a cambio del apoyo necesario para convertirse en presidente. Este problema ya se observa hoy en día, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional.

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Como ya fue dicho, existen varios aspectos en el JNE que podrían mejorar. Por ejemplo, el hecho de que hoy nuestra legislación no permita la especialización de jueces en materia electoral, dado que no existen tribunales permanentes en esta materia (los Jurados Electorales Especiales que funcionan como primera instancia en elecciones son solo temporales, pues se crean para cada elección). Otro problema grave es que no exista todavía un Código Electoral que ordene y facilite el entendimiento de las reglas electorales. Y también que el JNE aún no haya terminado de implementar el régimen de Servir.

Lo que propone el Congreso, sin embargo, lejos de lograr algo positivo, debilitaría aún más una institución que nos urge fortalecer.