La reciente renuncia de José Mantilla a la presidencia de Perupetro, presuntamente a pedido del Ejecutivo, ha encendido las alarmas. Esta salida abrupta, sin una justificación clara y en medio de un proceso de adjudicación de lotes petroleros, refuerza la percepción de que el Gobierno busca imponer a un funcionario más alineado con Petroperú, en detrimento de la transparencia y la confianza empresarial.
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La presión política sobre Perupetro no es un asunto menor, tomando en cuenta el proceso de licitación en el que los lotes I y VI fueron adjudicados a La Ponderosa Energy, empresa privada que ofreció mejores condiciones que Petroperú, que también participó. Sin embargo, la decisión no habría sido del agrado del Gobierno, cuya predilección por la petrolera estatal siempre se asoma. Si esta adjudicación se anula o modifica, la confianza del sector privado quedaría gravemente afectada. Se enviaría un mensaje de inseguridad jurídica que disuadiría futuras inversiones y reforzaría la percepción de que el Gobierno está dispuesto a cambiar las reglas para beneficiar a una empresa estatal con serios problemas.
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El riesgo de que un funcionario más afín a Petroperú tome el control de Perupetro es inminente. Se menciona a Pedro Chira, expresidente de petrolera estatal, que ya ha demostrado su postura estatista, como posible reemplazo de Mantilla. Su designación confirmaría los temores de que la institucionalidad de Perupetro ha sido socavada para favorecer intereses políticos antes que criterios técnicos. Un Perupetro subordinado a Petroperú significaría no solo la ruina de la credibilidad, sino también golpe a la inversión privada.
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El papel del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en este escenario también merece atención. Como actor clave tanto en Perupetro como en Petroperú, tiene la responsabilidad de garantizar, por lo menos, coherencia en la política económica. Sin embargo, hasta el momento, ha habido un inquietante silencio sobre los cambios en Perupetro. Si el Estado tiene la intención de otorgar un rol privilegiado a Petroperú en la explotación de hidrocarburos, debe hacerlo explícito y asumir las consecuencias.
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Es imperativo que el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, cumpla su promesa de no destinar más fondos a Petroperú. La empresa estatal ha recibido ya más de un rescate, pese a su comprobada ineficiencia. La Refinería de Talara sigue siendo una fuente de incertidumbre financiera. No sería sorpresa que Petroperú vuelva a necesitar fondos adicionales, pese a las reiteradas promesas oficiales. Ante ello, el Ejecutivo debe permanecer firme y Salardi honrar su palabra.
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El Gobierno debe aclarar su postura frente a la participación de Petroperú en el sector y evitar maniobras que deterioren la confianza del mercado. Un Estado que cambia las reglas del juego según intereses políticos solo logra ahuyentar el capital privado. Y en estos tiempos de incertidumbre económica, es lo peor que puede ocurrir.
