Gasto sin resultados

Es difícil comprender por qué el número de efectivos policiales disponibles en todo el país se ha reducido entre el 2018 y el 2022 en cerca de 1,000 efectivos.

14/12/2023 05H00

Hoy publicamos un informe en el que se detalla y analiza cómo, si bien el presupuesto público dedicado a acciones que garanticen el orden, tranquilidad y seguridad pública se ha incrementado en los últimos años, esto no se ha traducido en resultados. Concretamente, el gasto en seguridad pública pasó de poco más de S/7,130 millones en el 2018 a poco más de S/8,123 millones en el 2022 y, para el 2024, el presupuesto público ha dispuesto más de S/16,234 millones para el orden interno.

Durante el mismo periodo, no obstante, el problema de la inseguridad solo ha empeorado. Ni siquiera en los departamentos en los que hubo mayor inversión en lucha contra la inseguridad en los últimos años se ve algo distinto. Concretamente, el Callao, Madre de Dios y Tumbes, que son los lugares en donde más gasto se hizo en acciones contra la inseguridad, son también los lugares con mayor cantidad de habitantes que ha cometido delitos, sin que se observen frutos de toda esa inversión.

Incluso, por si todo esto fuese poco, es difícil comprender por qué el número de efectivos policiales disponibles en todo el país se ha reducido entre el 2018 y el 2022 en cerca de 1,000 efectivos. O que el 22% de las comisarías en Lima operen en condiciones inadecuadas, el doble que el promedio nacional.

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¿De quién es la responsabilidad de todo esta gasto sin resultados? En realidad, no existe un solo culpable. Como es evidente, parte importante de la inseguridad a tiene el poder Ejecutivo, pero ocurre que apenas desde el 2021 hemos tenido ya 11 titulares distintos del Ministerio del Interior (y dos presidentes). Así es imposible diseñar y ejecutar planes, programas y estrategias serias que vayan más allá de acciones de corto plazo, que es lo que más se necesita.

Asimismo, en conformidad con nuestras normas de descentralización, también existe responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. Si bien el Ejecutivo recibió el 85% de los recursos utilizados entre el 2018 y el 2022, un 2% fue asignado a gobiernos regionales. Y otro 12%, a gobiernos municipales.

¿En qué se ha estado gastando el dinero? ¿Qué planes concretos se vienen implementando desde el Ejecutivo para hacer frente a este problema y que esta vez sí se logren resultados? ¿Y desde los gobiernos regionales y locales? Merecemos respuestas.

Como también se destaca en el informe, la evidencia ha demostrado que el aumento de la inseguridad también se refleja en menores tasas de crecimiento de un país. No podemos seguir gastando dinero a ciegas. Si queremos algún día resolver este problema, nuestras autoridades deben empezar a tratarlo con mayor seriedad.