El reciente asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha despertado una nueva ola de indignación en todo el país. Como se ha informado, el bus en el que viajaba el cantante fue atacado por sicarios en la madrugada del domingo, cuando volvía de un concierto en San Juan de Lurigancho.
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No es para menos. Armonía 10 venía recibiendo amenazas de extorsionadores para el pago de cupos. De hecho, en diciembre, el bus en el que se transportaban ya había sido atacado, aunque aquella vez nadie falleció. Pero como hoy le ocurre a tantos peruanos, sus llamados de auxilio fueron ignorados.
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La evidencia del avance rampante de la criminalidad no solo es observable en la experiencia anecdótica (¿quién no conoce a alguien que haya sido víctima de un crimen el último mes?). Lo prueban los datos. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el número de homicidios pasó a ser más del triple entre 2017 y 2024: de 674, a 2,057. Y este año, solo hasta el 9 de marzo, se habían registrado 407 asesinatos. Es decir, seis al día, o uno cada cuatro horas.
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Lo más desesperanzador no es ni siquiera el terrible nivel de normalización del crimen al que semana a semana comprobamos que hemos llegado, sino el hecho de que nuestras autoridades y políticos ni siquiera parecen interesados en encontrar una solución real. Tras días de indignación expresada en redes y en las calles por artistas y otras personas que se solidarizaron con Flores, la respuesta del Gobierno solo podría calificarse como una broma de mal gusto: declaró ‘en emergencia’ Lima Metropolitana y Callao.
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Declarar una zona en emergencia únicamente permite suspender algunos derechos mientras dure esa emergencia, así como que militares colaboren con el resguardo de las calles. Pero si algo así se anuncia sin que exista también una estrategia seria detrás, la declaratoria por sí misma no puede lograr nada.
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Es justamente esta incapacidad ya tantas veces demostrada por este Gobierno, que ni siquiera ha podido plantear un plan serio conta el avance del crimen, lo que explica que, incluso antes de este fin de semana, un 83% de peruanos ya pidiera la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Pedido al que, cabe mencionar, varios congresistas se han unido tardíamente, solo después de la avalancha de críticas. Y pese a que una moción de censura en contra de él llevaba semanas sin conseguir las firmas necesarias para presentarse.
Al crimen organizado no se le logrará derrotar solo con fuerza bruta y gritos de ‘mano dura’. Mientras la firmeza no llegue junto a una estrategia inteligente, seguiremos a merced de autoridades que, cada vez más, parecen favorecer al enemigo.
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