El plan que no existe

En cuanto al combate contra la inseguridad, hoy no es posible notar una estrategia coherente que se esté implementando y que vaya más allá de declarar Estados de Emergencia. (Foto: GEC)

27/12/2023 05H00

Como hemos destacado más de una vez en esta página, es evidente que uno de los frenos más importantes que hoy existen para que podamos construir una democracia estable y pacífica, es el problema de la inseguridad ciudadana (ver editoriales del y 21/09/2023 y 17/11/2023, por ejemplo). De hecho, según Ipsos, la criminalidad es –a diciembre del 2023– el asunto que más preocupa a los peruanos (58%), por encima de la corrupción política (52%), el desempleo (36%) y la pobreza y desigualdad (33%).

Es por ello que resulta tan preocupante y desesperanzador notar que no se observan estrategias integrales claras y serias siendo ya implementadas por el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales para enfrentar este problema. Medidas respaldadas en evidencia y/o que hayan funcionado en contextos similares. En agosto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo que “aquí [en el Perú] no habrá un plan Bukele, habrá un Plan Boluarte” contra la inseguridad. Sin embargo, más allá de anunciar que se incrementaría el presupuesto en esta materia para el 2024 –algo que suele ocurrir todos los años–, no se dieron detalles sobre en qué consistiría este plan.

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Peor aún, tiempo después, Otárola tuvo que aclarar que en realidad no existía tal plan, algo que la presidenta ha reiterado la semana pasada. En cambio, según la mandataria, lo que sí existiría es el plan “Perú Seguro”. Pero como ella misma aclaró, el mismo estaría aún en fase de proyecto, pues es algo en lo que siguen trabajando. Quizá sea justamente por ello que no hemos escuchado mayores explicaciones sobre en qué consistiría ese plan.

En realidad, aún luego de que el Gobierno haya recibido facultades legislativas del Congreso y de haber emitido algunos decretos legislativos, hoy no es posible notar una estrategia coherente que se esté implementando y que vaya más allá de declarar Estados de Emergencia. Estos últimos, como hemos explicado, son una herramienta importante que otorga la Constitución, pero no pueden ser toda la estrategia.

Quizá lo peor es que no se trata de un problema del que adolezca exclusivamente este Gobierno, sino también varios de los que lo precedieron. Como ha sido notorio, crímenes como el sicariato y la extorsión han aumentado en los últimos años, sin que haya existido una estrategia coherente desde el Estado para enfréntalo. Incluso, ahora hasta las empresas que operan en zonas en donde existe alta informalidad deben preocuparse de enfrentar al crimen organizado, como mostró el trágico ataque contra trabajadores de la minera Poderosa en Pataz.

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Mientras el Gobierno y los Gobiernos Regionales no implementen medidas serias, lo esperable es que esta situación, en el mejor de los casos, continúe igual o, más probablemente, que siga empeorando. ¿Cuándo reaccionaremos?