MÁS RECURSOS. Todos los años es lo mismo: los gobiernos regionales y, especialmente, los municipios no logran ejecutar todo lo que tienen presupuestado para infraestructura de alcance departamental, provincia o distrital. Sin embargo, también se ha hecho costumbre que gobernadores y alcaldes exijan mayores recursos para obras, pese a que sí cuentan con recursos. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) da cuenta de que los municipios son, de lejos, los niveles de gobierno con el mayor número de proyectos descontinuados –dejaron de ser considerados en la asignación presupuestal–.
El 2023, sumaron nada menos que 13,803. Fue un año de nuevas autoridades ediles, que tienen la mala costumbre de aplicar el ineficiente concepto (por llamarlo de algún modo) del “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, el 2024, el número de proyectos descontinuados siguió siendo ineficientemente elevado (10,170). En comparación, el año pasado, el Gobierno nacional y los gobiernos regionales descontinuaron 969 y 873 proyectos, respectivamente.
A pesar de ese desperdicio de recursos fiscales, que también se observa en los municipios que reciben canon, el Congreso acaba de duplicar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), a través del aumento de 2% a 4% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM). El incremento será gradual, desde el 2026 hasta el 2029, y la respectiva autógrafa de ley ya se encuentra lista para su promulgación en el despacho presidencial. El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, ha avalado la medida aunque con un argumento nada creíble, pues sí tendrá impacto fiscal, el cual será considerable (Gestión 28/05/2025).
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Para responder a las críticas de que los municipios no poseen capacidad de gestión, informó que el MEF ha colocado a 490 gerentes públicos en municipios, para acompañar los municipios en el desarrollo de proyectos de inversión, y que este año se sumarán 110 más, en distritos con bajos niveles de ejecución presupuestal. También anunció una norma para orientar la inversión en servicios públicos esenciales como pistas, veredas, centros de salud y colegios.
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Sin embargo, para los dos últimos existen programas a cargo del Minsa y el Minedu, respectivamente, así que podría surgir duplicidad de funciones. Un obstáculo que el ministro no ha tomado en cuenta es la escasez de coordinación entre municipios para trabajar en conjunto. Y no hay que adentrarse en el Perú profundo para constatarlo, pues las dificultades para ponerse de acuerdo abundan en la propia Lima. Es que el lastre más pesado de los gobiernos locales son los propios alcaldes.
