En los últimos días nos hemos visto en la necesidad de dedicar este espacio a advertir sobre más de una reforma que el Congreso de la República viene aprobando contra el reloj, a poco de que culmine la segunda legislatura 2023-2024. Entre ellas, la antitécnica reforma aprobada al sistema de pensiones (ver Editorial del 06/06/2024), o las nuevas e innecesarias deducciones aprobadas al impuesto a la renta (ver Editorial del 12/06/2024).
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Lamentablemente, estos no son los únicos temas sensibles sobre los que el Congreso viene aprobando cambios potencialmente peligrosos, o sin el debido cuidado y debate técnico. Nos referimos en concreto a las reformas propuestas para eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dividir sus funciones entre otras entidades, que pase a ser el Senado el que elija y remueva a los jefes del Reniec y de la ONPE y el aumento del número de diputados y senadores.
Por un lado, si bien es cierto que la JNJ no ha logrado cumplir con su propósito hasta el momento –en esta columna también hemos criticado por ello a esta entidad–, la conclusión no sería que esta debe eliminarse. Menos aún si la alternativa propuesta es que ahora los jefes de la ONPE y Reniec, que hoy son elegidos por la JNJ, pasen a ser elegidos por el Senado.
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Si bien en otros países –como Chile, Bolivia y Venezuela–, los titulares de los organismos electorales sí son elegidos por políticos electos, tenemos que pensar en nuestra propia realidad. Nuestros niveles de institucionalidad política están lejos de ser los de Chile. No debería ser controvertido señalar que, en nuestro caso, dada la historia y coyuntura reciente, generaría más confianza tanto a nivel interno como en el extranjero que las autoridades electorales se mantengan separadas del poder político.
¿Cómo podría ser positivo que en un país como el nuestro las autoridades electorales puedan sentir que le deben algo a políticos que los eligieron? ¿O que deban cuidarse de no incomodarlos para que no los sancionen? Piense, por ejemplo, en la influencia que tiene el actual Congreso sobre el Tribunal Constitucional.
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Por otro lado, respecto de la propuesta de aumentar el número de diputados y senadores, esta se trata de una buena idea. El número de legisladores por número de habitante en el Perú es de los más bajos de la región. Sin embargo, se trata de un proyecto presentado apenas el 31 de mayo y para el que ni siquiera se solicitaron las opiniones técnicas correspondientes a especialistas y entidades vinculadas antes del debate.
¿Cuál es la necesidad de aprobar cambios tan sensibles de esta manera? El único resultado de esta conducta irresponsable es aumentar el riesgo de cometer errores. Y restar confianza.
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