La tensión en la frontera sur no es un episodio sorpresivo, sino el resultado previsible de un sistema de control migratorio que lleva operando al límite y del abandono sostenido de nuestras zonas limítrofes. El incremento reciente de migrantes intentando ingresar por Tacna confirma que el Estado peruano enfrenta una presión que excede con claridad su capacidad.
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Las declaraciones del candidato chileno José Antonio Kast –que se perfila como ganador de la presidencia según las últimas encuestas que se han hecho públicas– prometiendo expulsiones masivas, funcionaron como un catalizador. En cuestión de horas, grupos de migrantes comenzaron a movilizarse hacia la línea de frontera. No es la primera vez que una retórica electoral tiene efectos en flujos migratorios; lo que sí vuelve a evidenciarse es que Perú carece de mecanismos preventivos y de alerta temprana para anticiparlos.
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La reacción gubernamental fue reactiva, aunque tardía: estado de emergencia en distritos fronterizos, refuerzo policial y militar, y un mensaje explícito de que el país no permitirá el ingreso de migración irregular. A ello se suma el pedido del presidente José Jerí al Congreso para priorizar la reforma constitucional que habilite la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en el resguardo fronterizo. Es un giro significativo que, más allá del contexto, definirá la estrategia de seguridad en adelante.
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En paralelo, la Cancillería ha activado un frente diplomático: patrullajes conjuntos, intercambio de información y un Comité Binacional de Cooperación Migratoria con Chile. Estas medidas son positivas, pero llegan tras episodios que ya generaron bloqueos, ingresos irregulares y vulneraciones evidentes en el control operativo. La ausencia temporal de policías, aprovechada por migrantes para cruzar en grupo, es un recordatorio incómodo de que la frontera es tan fuerte como su punto más débil.
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Los especialistas coinciden en que el problema no es solo binacional. El endurecimiento de políticas en Chile, la falta de coordinación regional y la inexistencia de canales de movilidad controlada mantienen al Perú gestionando crisis, no políticas públicas. Los anuncios de emergencia pueden contener la situación en el corto plazo, pero no reemplazan una estrategia regional que se sustente en reglas previsibles, no en sobresaltos diplomáticos.
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Perú puede y debe reforzar su frontera. Pero la sostenibilidad de esa tarea dependerá menos de cuántos militares se despliegan y más de si por fin dejamos de administrar la emergencia como si fuera un fenómeno extraordinario y no el nuevo estándar migratorio de la región. El discurso duro cada vez toma más fuerza en países vecinos. Así, más que nunca, la presencia estatal debe consolidarse de manera inteligente, y no como un discurso populista que seguro será moneda corriente de cara a las elecciones del 2026.
