El ascenso de Tomás Aladino Gálvez en el Ministerio Público ha sido meteórico, pues en pocos meses pasó de fiscal supremo restituido a Fiscal de la Nación; interino desde setiembre –en reemplazo de Delia Espinoza– y elegido por la Junta de Fiscales Supremos (JFS) el lunes de la semana pasada. Cubrirá el periodo 2026-2029, con la opción de una ampliación por dos años adicionales. Su elección ocurre a pesar de los serios cuestionamientos que enfrenta, lo que generó críticas de organizaciones de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados de Lima (CAL). La JFS está compuesta por siete miembros, pero solo pudieron votar cinco debido a que la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha sido inhabilitada por el Congreso, y el fiscal supremo Pablo Sánchez no fue ratificado por la JNJ.
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Gálvez fue destituido el 2021 por la JNJ de entonces, debido a sus presuntos nexos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, pero el año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la destitución y ordenó su restitución como fiscal supremo titular. El Congreso, por su parte, archivó la denuncia contra Gálvez por el mencionado caso, usando un argumento que se ha vuelto tendencia: no existen pruebas suficientes. El actual Congreso designó a los magistrados en funciones del TC y la JNJ, cuya independencia ha sido materia de cuestionamientos.
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Desde su regreso a la entidad, Gálvez se ha dedicado a tomar decisiones controversiales. Por ejemplo, en agosto archivó la investigación al congresista y luego presidente interino de la República, José Jerí, por violación sexual (porque no existían pruebas suficientes). El archivamiento de casos parece ser su práctica favorita, lo cual pone en entredicho su capacidad de investigar. Sin embargo, su mayor desatino fue desactivar los equipos especiales que investigaban los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, Fiscales contra la Corrupción y las muertes en las protestas contra Dina Boluarte, en enero del 2023 (Eficavip).
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También estuvo trabajando en un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, porque la actual, en su opinión, está desfasada. Ya presentó el referido proyecto al Congreso y se dispone a sustentarlo en breve. Y apenas estrenó su cargo, solicitó al Gobierno aumentar el presupuesto de la Fiscalía, pues de lo contrario tendría que despedir a 4,000 trabajadores. Pero Gálvez está en funciones desde setiembre, o sea que tuvo tiempo para sustentar adecuadamente un pedido de más dinero ante el Congreso, que lo ve con buenos ojos –a inicios de este mes archivó una denuncia constitucional en su contra–.
