La reciente aprobación en el Congreso de la nueva Ley Agraria pone en la mesa nuevamente el debate sobre las exoneraciones tributarias. Si bien este régimen especial tiene un costo fiscal, es innegable que ha contribuido al dinamismo del sector y fue clave en el boom agroexportador de las últimas dos décadas, que generó miles de puestos de trabajo formales en zonas rurales. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión privada muestran que, en determinados casos, los incentivos tributarios pueden ser un instrumento eficaz.
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Sin embargo, lo mismo no puede decirse de la gran cantidad de iniciativas que están pendientes en la Comisión de Economía (unas 25) y que amenazan con debilitar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Entre las propuestas cuestionables figuran la extensión de beneficios tributarios para la Amazonía a algunas provincias, la reducción de la tasa del IGV para las peluquerías, beneficios para restaurantes y hoteles, y hasta para el consumo de carne de cuy, entre otros recortes, fraccionamientos y reducciones cuya especificidad resulta cuestionable.
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Hay que recordar que el Perú es, entre los países de la región, uno de los que menos recauda en proporción a su PBI: apenas alrededor de 14.4% al cierre del 2024 (un informe de la OCDE señala que el 2023 alcanzó el 17%, muy por debajo del promedio latinoamericano cercano al 22%). Ceder ingresos sin exigir resultados solo profundiza esta debilidad. Mientras tanto, el gasto público enfrenta presiones crecientes en salud, educación e infraestructura, y mucho gasto rígido, lo que hace aún más riesgosa la aprobación de medidas populistas con efectos fiscales permanentes.
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En este contexto, el Ejecutivo, principalmente el ministro de Economía Raúl Pérez Reyes, debería asumir un rol mucho más activo y firme frente a un Congreso que, en lugar de construir consensos responsables, parece más interesado en promover beneficios particulares de corto plazo. La estabilidad macroeconómica no puede seguir siendo erosionada por decisiones legislativas tomadas al margen de la evidencia. Lamentablemente, la parálisis política y la debilidad de este Gobierno hacen difícil imaginar que una posición tan necesaria de defensa de la responsabilidad fiscal se luzca en el último año de la gestión actual.
