El crimen organizado continúa atormentando la vida de los peruanos. Si bien esta es una realidad en el Perú desde hace mucho, es notorio cómo el asedio de crímenes como el sicariato y la extorsión han aumentado recientemente. Y no está claro cuándo ni cómo vaya a parar.
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Según cifras de la Policía Nacional, en el 2019 hubo 2,618 denuncias por extorsión. Dos años después, en el 2021, fueron 3,283. En el 2022, la cifra se disparó a 11,224. Mientras que el año pasado hubo17,246 extorsiones. Es decir, la cifra más que se sextuplicó en solo cuatro años.
Los periodos citados revelan que este no es un problema que haya sido creado por este Gobierno, o que se haya originado durante su mandato. Ciertamente, lo venimos arrastrando por mucho tiempo. Lo que sí resulta sumamente preocupante, empero, es notar la total incapacidad del Gobierno de dar respuestas estratégicas y efectivas, al tiempo que el Congreso ha aprobado nuevas normas que han debilitado aún más la capacidad del sistema de justicia de enfrentar al crimen organizado.
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El Gobierno de Dina Boluarte no ha podido siquiera darse el tiempo de diseñar una estrategia nacional efectiva y seria para combatir el crimen. Su ministro del Interior ha concentrado más recursos en sus batallas personales que en presentar algún plan concreto con respaldo técnico. Además, no fue capaz tampoco de observar los cambios hechos por el Congreso que debilitaron la lucha contra el crimen, como el exigir la presencia del abogado del allanado en los allanamientos.
La única “estrategia” que recurrentemente ha utilizado este Gobierno para responder al alza del crimen organizado ha sido la declaratoria de estados de emergencia que, en la práctica, no han sido una solución. También, según datos de la Policía, las denuncias por extorsión han aumentado en 14% entre el primer trimestre del 2023 y el del 2024.
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En el Congreso, por su parte, se han venido proponiendo soluciones “parche”, como las propuestas de crear un delito de “terrorismo urbano”, pero una mayoría aún se rehúsa a hacer lo que más se reclama: derogar la ley que favoreció al crimen organizado. Es claro que crear delitos nuevos o más severos difícilmente lograría algo en la práctica en un país con un sistema de justicia tan deficiente como el nuestro.
Lo más preocupante de esta incapacidad que muestran el Ejecutivo y el Congreso para responder a este problema es que no se trata de un fenómeno que tenga proyección de mantenerse estable, sino que, si no se hace nada, se seguirá expandiendo. Los criminales perciben que este Gobierno no tiene la capacidad de enfrentarlos.
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Mientras, la ciudadanía continúa asediada y acumulando frustraciones que podrían manifestarse en las próximas elecciones. Si la olla de presión no explota antes.
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